Buscan reabrir investigación contra contratista de Silvano Aureoles

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca que la FGR reabra una investigación contra la inmobiliaria que construyó los cuarteles de policía en Michoacán, cuyos contratos tienen prófugo de la justicia al ex Gobernador Silvano Aureoles, por un presunto daño al erario de más de 3 mil 412 millones de pesos.

Desde el 19 de noviembre de 2024 la Fiscalía General de la República de la República (FGR) otorgó un criterio de oportunidad, mediante el pago de una reparación del daño de 970 millones 976 mil 940 pesos, a la empresa Inmobiliaria DYF S.A. de C.V. y sus propietarios.

Este beneficio legal consiste en colaborar con las investigaciones, a cambio de la inmunidad penal.

Según registros judiciales, el organismo a cargo de Omar Reyes Colmenares impugnó ante un juez federal el no ejercicio de la acción penal dictado por la Fiscalía en favor de la constructora, en la carpeta de investigación FED/FECC/FEDHCD MICH/0000425/2024.

Sin embargo, el 2 de diciembre pasado un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur declaró improcedente la impugnación del organismo adscrito de la Secretaría de Hacienda.

Israel Eugenio Jiménez López, director General de Procesos Legales de la UIF, apeló el fallo del juez, pero eso hizo que de inmediato Inmobiliaria DYF presentara un recurso de revocación contra la admisión de esa apelación.

El Segundo Tribunal Colegiado en Apelación de Materia Penal resolvió ayer que es procedente el recurso promovido por la empresa y declaró que es inadmisible el recurso de apelación de la UIF.

El fallo es prácticamente definitivo, pues si bien la UIF puede presentar un amparo, la regla es que la entidad gubernamental debe acreditar un daño a su patrimonio para que pueda tramitarse esa demanda.

En el 2016 el Gobierno de Silvano Aureoles contrató el arrendamiento y adquisición de 7 cuarteles de seguridad pública por un monto total de 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.

El convenio se adjudicó en forma directa a Inmobiliaria DYF, S.A. de C.V., para que desarrollara las estaciones en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

En el 2021 el Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla denunció que dichos contratos supuestamente fueron irregulares, ya que la administración de su antecesor habría pagado cada uno de los cuarteles con sobreprecios.

Además, señaló que los terrenos en que fueron construidos los cuarteles no eran propiedad de la empresa proveedora cuando recibió los contratos.

Por este asunto, a principios de 2025 se ordenaron las aprehensiones de Aureoles y 7 de sus colaboradores por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero. Cuatro de ellos ya fueron detenidos y vinculados a proceso.