Cabeza de Vaca habría ordenado operativo que terminó en masacre en Nuevo Laredo
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Documentos señalan que se trató de un despliegue más amplio que inició el 18 de agosto, contó con la presencia de elementos de las fuerzas especiales de la policía estatal y del Ejército y que fue “instruido” directamente por Cabeza de Vaca
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, estuvo al frente de la cadena de mando en el operativo policial que derivó en la masacre de 8 personas el 5 de septiembre de 2019 en la colonia Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo.
Documentos incluidos en la carpeta de investigación 406/2019 a los que tuvo acceso Animal Político señalan que se trató de un despliegue más amplio que inició el 18 de agosto, contó con la presencia de elementos de las fuerzas especiales de la policía estatal y del Ejército y que fue “instruido” directamente por Cabeza de Vaca.
Esto queda acreditado a través de un oficio firmado por el exsecretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, el vicealmirante Augusto Cruz Morales, en el que pide apoyo al general de brigada Carlos Arturo Pancardo Escudero, comandante de la 8va Zona Militar, para que de seguridad en diversos operativos de control en Nuevo Laredo y le explica que la orden llega desde el propio gobernador.
Este informe fue aportado por la Secretaría de la Defensa cuando el Ministerio Público le solicitó documentos que explicaran cuál fue el papel de los soldados aquel 5 de septiembre.
La Secretaría de Seguridad Pública, a preguntas de Animal Político, respondió que aquella petición de apoyo se explica por los operativos permanentes implementados en Reynosa, Matamoros, Frontera Chica, San Fernando, Ciudad Victoria, Zona Conurbada Sur y Nuevo Laredo.
Según esta versión, el despliegue en la ciudad fronteriza estaba previsto para agosto de 2019, pero sus elementos registraron dos ataques por parte de la denominada “Tropa del Infierno”, sicarios pertenecientes al Cártel del Noreste. Debido a esta situación de riesgo, se solicitó la colaboración del Ejército que viene reflejada en la carpeta de investigación.
Este medio también buscó conocer la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Los documentos a los que accedió Animal Político permiten conocer más el contexto y la cadena de mando en relación a la masacre ocurrida el 5 de septiembre de 2019 en la colonia Valles de Anáhuac. Ese día se produjo la muerte a tiros de ocho personas (cinco hombres y tres mujeres), que en un primer momento fue presentada por el gobierno de Tamaulipas como un enfrentamiento entre integrantes del Cártel del Noreste y policías que los abatieron.
Las familias de las víctimas, que presentaron más de diez testigos presenciales, denunciaron que los agentes sacaron de madrugada a varias de las víctimas de dos domicilios y los trasladaron a un tercero, donde los torturaron, ejecutaron y disfrazaron con equipamiento táctico y armas largas.
Además, ha quedado acreditado que los policías trasladaron un vehículo blindado que pertenecía al grupo delictivo y lo dejaron frente al tercer domicilio, tiroteado, para simular un enfrentamiento. Las víctimas son Enrique Pérez Chávez, Luis Fernando Hernández Viezca, Wilbert Irraestro Pérez, José Daniel Saucedo Martínez, Juana Yatzel Graciano Magaña, Jennifer Hazel Romero López, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa y Severiano Treviño Hernández.
Actualmente hay siete policías integrantes del extinto Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada.
De ellos, dos (José Rafael Pérez Villapando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre) están en prisión desde hace casi dos años, mientras que otros dos (Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal) se encuentran en busca y captura y tres (Juan Carlos Vicenzio Zuvirie, Zayra Concenpción Guevara Garza y Azariel Urbina Arguelles) siguen en libertad tras ofrecerse como testigos protegidos.
“La instrucción inmediata del Gobierno de Tamaulipas fue que se iniciaran las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y actuar contra los responsables. Es así como la hoy Fiscalía General de Justicia del Estado, con la colaboración de la Propia Secretaría de Seguridad Pública, inició una carpeta de investigación y obtuvo 7 órdenes de aprehensión en contra de policías y de fuerzas especiales”, dijo la secretaría.
LA CADENA DE MANDO
Los documentos incluidos en la carpeta de investigación muestran cuál fue la cadena de mando de la policía estatal durante aquel operativo, que se alargó por espacio de al menos tres semanas.
En la cúspide se encuentran el gobernador Cabeza de Vaca, que es quien lo ordena y, tras él, el vicealmirante Cruz Morales, antiguo secretario de Seguridad Pública. Se da la circunstancia de que su sustituto, el capitán José Jorge Ontiveros Molina, también aparece mencionado en la investigación.
Él fue, según testimonios recogidos por los investigadores, el oficial que solicitó una grúa para trasladar un vehículo blindado que fue aparcado en el lugar de la masacre y al que los policías dispararon para simular un enfrentamiento, según ellos mismos declararon. A pesar de estos señalamientos, ninguno de los dos ha sido citado a declarar y Ontiveros Molina, que ejercía como subsecretario de Operación Policial, en el momento de los hechos, fue ascendido como jefe máximo de la Seguridad Pública en julio de 2020.
Tras los dos responsables políticos estaría Félix Alberto Rodríguez Rodríguez, que en aquel momento estaba al frente del CAIET y actualmente dirige el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la policía estatal.
En realidad, se trata del mismo cuerpo que fue rebautizado menos de un año después de la masacre de Nuevo Laredo, pero que ejerce como grupo de élite y que recibió entrenamientos tanto de policías en Estados Unidos como de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, acusada también de perpetrar desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo entre enero y junio de 2018.
En la investigación no ha sido citado a declarar ni tampoco se ha explicado si tuvo algún papel en los hechos, aunque es la persona al mando del grupo de operaciones especiales.
Por último, ya en terreno, el principal oficial es José Rafael Pérez Villalpando, que actualmente está en prisión por los hechos de Valles de Anáhuac.
