Científicos denunciados son un riesgo a la seguridad: Fiscalía

CDMX.- La Fiscalía General de la República busca penas de hasta 40 años de cárcel para los 31 académicos denunciados por el Conacyt por supuestos malos manejos de recursos públicos. Además, pide que sean recluidos en un penal de máxima seguridad y que se les detenga de inmediato para evitar que destruyan evidencia o se den a la fuga.

Con base en el portal Animal Político, así lo consigna el resumen de la acusación de 92 páginas que la FGR envió en agosto pasado a un juez federal para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los científicos y académicos. Aunque el magistrado ha negado en dos ocasiones concederlas, la Fiscalía anunció el miércoles que las solicitará por tercera ocasión consecutiva.

Fiscales aclaran que, si bien aun no se puede “prejuzgar” a los académicos, estos son probables responsables de ilícitos que conllevan penas que van de una a varias décadas de cárcel, y sin derecho a fianza.

Y aunque en un comunicado emitido por la FGR, esta dijo que se trata de un caso de delitos patrimoniales (como sería, por ejemplo, el robo), en el escrito enviado al juez lo que les imputa a los académicos son, en realidad, cuatro delitos considerados coloquialmente como graves: delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades.

Los investigadores arman la acusación basada en una premisa: los imputados participaron en un esquema para aprobar recursos que se destinaron al denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT), que era una asociación privada financiada ilegalmente por parte del Conacyt con dinero que debió destinarse exclusivamente para desarrollar proyectos de investigación.

A DETALLE

Cabe mencionar que estos delitos ya mencionados, suman penas máximas de hasta 81 años de prisión que pudieran ser impuestas en caso de ser declarados culpables.

De los 31 exfuncionarios, en los casos de Enrique Cabrero y Julia Tagüeña, exdirector general de Conacyt y excoordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, la FGR señala que en el delito de delincuencia organizada a ellos se les aplicaría un agravante que incrementaría sus penas hasta por 20 años, es decir, rebasarían los 100 años en penas.

Debido a que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva, la Fiscalía requirió al juez ordenar el internamiento de los científicos en un penal de máxima seguridad al considerar que debido a su capacidad económica podrían cometer actos de corrupción en cualquier prisión de seguridad intermedia.