CNDH alerta por prisiones sin condiciones para adultos mayores y pide plan con enfoque gerontológico

CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó de manera “urgente” a modificar las condiciones en las que se encuentran las personas adultas mayores privadas de la libertad, al advertir que las prisiones carecen de infraestructura accesible y de protocolos para atender enfermedades degenerativas.

Durante un pronunciamiento sobre el deber del Estado de garantizar los derechos humanos de este grupo en reclusión, la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, señaló que el documento plantea adoptar medidas preventivas frente al envejecimiento de la población penitenciaria, con análisis y atención de contextos específicos.

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En el acto, realizado en la sede de la CNDH, Nestora Salgado, directora de la Tercera Visitaduría, informó que en 264 centros estatales supervisados se registró una población de 213 mil 233 personas privadas de la libertad, de las cuales 7 mil 668 son personas mayores. En 14 centros federales supervisados, agregó, hay 19 mil 794 internos, y 511 corresponden a población de la tercera edad.

Edgar Olivares Agustín, subdirector jurídico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, expuso que el sistema penitenciario fue diseñado principalmente para población joven y sostuvo que, por las condiciones de reclusión, el desgaste físico y mental en prisión puede equivaler a tener hasta 15 años más que en libertad.

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En el pronunciamiento se advirtió que la falta de accesibilidad y de protocolos para padecimientos como el Alzheimer obliga a atender fenómenos vinculados con síndromes geriátricos, así como con la feminización del envejecimiento, al considerar necesidades diferenciadas dentro de la población adulta mayor.

Entre los puntos señalados por la CNDH, se planteó elaborar un programa de trabajo para atender condiciones de vida de las personas mayores en reclusión, con acciones de corto, mediano y largo plazo con enfoque gerontológico, orientadas a garantizar condiciones dignas de vida, salud, alimentación, estancia y atención especializada.

También se propuso crear una guía para identificar, dar seguimiento y atender casos de maltrato, abandono, discriminación o negligencia institucional, con énfasis cuando se trate de mujeres o personas con discapacidad, además de impulsar mesas de seguimiento en entidades federativas y fortalecer la capacitación y sensibilización del personal penitenciario. Con información de La Jornada