Corte de Boston rechaza denuncia de México contra armerías; SRE apelará
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Desde el ámbito jurídico, el Gobierno de México busca involucrar a un actor que hasta ahora no estaba contemplado en la lucha contra el tráfico de armas: las empresas
La Corte de Distrito de Boston desestimó la demanda del gobierno de México contra empresas que venden armas que llegan a manos de la delincuencia organizada, por considerar que la ley las protege, aunque sus conductas y productos generen un daño a nuestro país.
El gobierno mexicano reaccionó apelando la decisión judicial, en espera de mantener vivo el juicio que está en el ámbito de la acción civil.
El argumento de México es que la ley estadounidense que otorga inmunidades a quienes fabrican y comercian armas no tiene efectos sobre daños causados en territorio mexicano.
En agosto de 2021, el México presentó una demanda civil por daños en contra de empresas que fabrican armas en Estados Unidos, “que por su descuido y negligencia facilitan activamente que sean traficadas a territorio mexicano”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Este litigio se detuvo cuando el juez de primera instancia determinó que la ley de inmunidades denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) sí protegía a las empresas demandadas aun cuando el daño causado por su descuido y negligencia ocurre en territorio mexicano.
La apelación fue presentada en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, con sede en Boston, Massachusetts.
Ahora México solicita que se analice si la decisión de la Corte de Distrito de Boston se apegó a derecho, en particular lo relativo a la no aplicabilidad de las leyes de inmunidad de Estados Unidos, cuando hay un uso criminal de las armas y un consiguiente daño en territorio mexicano.
El 10 de octubre de 2022 se presentó una segunda demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson en contra de tiendas que “comercian de manera negligente”.
En este contexto, la cancillería informó que el 11 de noviembre de 2022 solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva con relación al comercio de armas y su impacto en los derechos humanos.
Con todas estas aristas, desde el ámbito jurídico, el Gobierno de México busca involucrar a un actor que hasta ahora no estaba contemplado en la lucha contra el tráfico de armas: las empresas.
Existe una correlación entre las prácticas negligentes de las empresas y el tráfico de armas que desemboca en la violencia en México, así como en otros delitos como son el tráfico de personas y de drogas, en particular, del fentanilo.
Con información de medios
