Dictan auto de formal prisión a 8 militares del caso Ayotzinapa por delincuencia organizada

La jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo dictó la tarde del miércoles un auto de formal prisión contra los ocho militares reaprehendidos por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Tras vencerse el plazo constitucional de 172 horas concedido a la defensa de los uniformados, la juzgadora determinó suficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) para procesar a los soldados, quienes son acusados por los testigos protegidos “Carla” y “Neto” de recibir sobornos del grupo criminal Guerreros Unidos; por lo que ahora se les acusa por el delito de delincuencia organizada.

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La FGR señaló que los militares supuestamente tienen nexos con el cartel de “Los Guerreros Unidos”, siendo las pruebas presentadas consideradas como suficientes mantenerlos tras las rejas.

De esta manera, los elementos continuarán recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en la Ciudad de México.

ACUSAN ‘MARRANADA’

Por el “marranada” que han hecho de la investigación por el fiscal de la Unidad Especializada de la Investigación, los abogados de los ocho militares reaprehendidos por el caso Ayotzinapa anunciaron que interpondrán denuncias penales contra los servidores públicos involucrados en la integración de la acusación por delincuencia organizada contra sus defendidos, incluido el ex secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez y el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra.

Calificaron dichas confesiones como falsas, de tal forma que ejercerán acciones legales en contra de los testigos protegidos como de funcionarios de la FGR que giraron las nuevas órdenes de aprehensión en contra de los uniformados.

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Agregaron que contra la Secretaría de Gobernación (Segob) como un “brazo armado” del Ejecutivo Federal, afirmando que la dependencia influyó en que giraran nuevas órdenes de aprehensión en contra de los militares.

El pasado 20 de enero, una jueza federal resolvió poner en libertad a los soldados ante la falta de pruebas por parte de la FGR, resolución que se hizo efectiva cuatro días después. Se les dictó la medida cautelar de firmar periódicamente, además de entregar sus pasaportes, una garantía económica y no acercarse al lugar de los hechos.

Sin embargo, dicha resolución fue rechaza por la FGR, quien apeló la decisión y solicitó una nueva orden de aprehensión contra los militares, ahora por el delito de delincuencia organizada.

(Con información de El Universal)