FGR gira órdenes de aprehensión contra 8 militares liberados por caso Ayotzinapa
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Hasta el momento se han ejecutado voluntariamente tres órdenes de captura contra los uniformados
Defensa legal de los ocho militares procesados por el caso Ayotzinapa informó que la Fiscalía General de la República (FGR) giró de nuevo las órdenes de aprehensión en contra de los uniformados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ocho días después de que les concedieron continuar en libertad con el proceso penal por el que fueron aprehendidos en junio de 2023.
Hasta el momento, la FGR ejecutó tres órdenes de captura contra el personal castrense cuando acudieron a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares, es decir, se entregarán de forma voluntaria. Y en el transcurso de la tarde se entregará los 5 efectivos restantes.
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“Nosotros siempre hemos enfrentado las acusaciones, es una chicanada del Gobierno federal y de la Fiscalía... es una porquería lo que hicieron. Los chicos están tranquilos, saben que esto no corresponde al debido proceso, es una venganza y una vendetta;
“Parecen presos políticos porque los quieren tener a como dé lugar en la cárcel en el Campo Militar No 1, siempre ha sido un tema político y ahora los considero presos políticos”, aseveró Alejandro Robledo, abogado de los uniformados, para el medio de comunicación El Universal.
Cabe destacar que el pasado 24 de enero, los ocho militares imputados salieron de la prisión del Campo militar Número 1, tras dejar una garantía económica de 50 mil pesos y entregar sus pasaportes.
La jueza segunda de Distrito de Procesos Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, el pasado 20 de enero resolvió revocar la prisión preventiva oficiosa contra los militares, al considerar que la FGR no justificó la medida cautelar y ordenó a los uniformados presentarse cada quince días a firmar ante los juzgados de distrito, así como le prohibió salir del país, acercarse al lugar de los hechos (en este caso Guerrero, donde desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa).
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Así como se les prohibió convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho a la defensa.
Los ocho militares son: Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz; todos vinculados por el delito de desaparición forzada.