Dictan prisión a anestesiólogo acusado de posesión de fentanilo
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La resolución judicial indicó al imputado y a su defensa que tenía un plazo de 36 horas para internarse en el Centro Penitenciario de La Paz, en Baja California Sur
Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en La Paz, Baja California Sur, dictó prisión preventiva oficiosa al médico anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro tras ser imputado por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de suministro de fentanilo, morfina y efedrina.
Además, se le imputó delitos contra la salud por posesión simple de Tetrahidrocannabidol (THC), una sustancia derivada de la marihuana procesada.
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El Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Alfonso Olachea Aragón, dictó la medida cautelar tras advertir que el imputado no se encontraba en Baja California Sur para la formulación de la imputación, sino en el estado de Querétaro, por lo que compareció en videoconferencia.
La resolución judicial indicó al imputado y a su defensa que tenía un plazo de 36 horas para internarse en el Centro Penitenciario de La Paz, Baja California Sur, a la espera que se concluya la etapa inicial del proceso penal en su contra, ya que aún falta la audiencia de vinculación a proceso.
Los abogados del médico anestesiólogo solicitaron al juez de la causa duplicar el plazo constitucional para poder presentar pruebas de descargo, por lo que será hasta el próximo 5 de septiembre que se defina su situación jurídica.
El caso contra Gustavo Darwin Aguirre Castro inició luego de que elementos de la Fiscalía General de la República ejecutaran una orden de cateo en el domicilio privado del médico, lugar en el que encontraron ampolletas de fentanilo, efedrina, morfina y THC.
La FGR siempre ha defendido que el hallazgo se hizo tras el cateo a la residencia del médico, quien no contaba con permisos particulares para la posesión de dichas sustancias ilícitas.
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Sin embargo, su defensa ha argumentado que sí contaba con licencias para la posesión de dichos narcóticos, los cuales se usan, de forma mayoritaria, para cirugías.
Además, sostiene que todo el caso se inició como un acto de presunta extorsión de una agente del Ministerio Público que le solicitó 600 mil pesos para no proceder en su contra, misma que ahora lleva las indagatorias.
La casa del médico fue asegurada tras el cateo, a pesar de ser la vivienda en la que residía su esposa y sus hijas menores de edad.
Con información de medios
