Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, vence a la Fiscalía y recupera mansión de 38 millones de pesos
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De acuerdo con la Fiscalía, Lozoya habría adquirido la mansión con presuntos sobornos que recibió por la compra de la planta Agronitrogenados en el sexenio de Peña Nieto
En un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), logra retener una lujosa propiedad valuada en más de 38 millones de pesos. La decisión proviene de la jueza Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, Ana Lilia Osorno Arroyo, quien declaró improcedente el recurso legal presentado por la FGR para arrebatar definitivamente al exfuncionario su residencia ubicada al poniente de la Ciudad de México.
Según una investigación de la revista Emeequis, la Fiscalía alegaba que la residencia de 1,165 metros cuadrados fue adquirida por Lozoya mediante supuestos sobornos relacionados con la compra de la planta Agronitrogenados. La propiedad, situada en la Calle Ladera número 20, fraccionamiento Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, fue asegurada preventivamente en mayo de 2019.
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EL ERROR DE LA FGR FUE SOLICITAR CAMBIO DE DUEÑO DE LA MANSIÓN DE LOZOYA
Las gestiones para su confiscación definitiva comenzaron en noviembre de 2021, con la intención de entregarla al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin embargo, la jueza Osorno Arroyo resolvió que la FGR erró al solicitar el cambio de dueño, ya que utilizaron un recurso legal que no estaba vigente en el momento de los presuntos hechos delictivos.
El exdirector de Pemex, aunque negó que la adquisición de la propiedad se llevara a cabo con recursos ilícitos, enfrentó cargos penales. En septiembre pasado, un juez canceló el proceso penal, argumentando que el daño estaba siendo reparado.
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JUEZA DECLARA IMPROCEDENTE RECURSO LEGAL DE LA FGR CONTRA LOZOYA
El periodista Arturo Ángel señala que, independientemente del proceso penal, la confiscación definitiva de la residencia requería un procedimiento separado, conocido como juicio de extinción de dominio, bajo términos diferentes a los planteados por la Fiscalía.
La sentencia de la jueza destaca que la acción es improcedente, ya que la transacción que motivó la investigación tuvo lugar en 2012, y el delito imputado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, no estaba contemplado en el artículo 22 Constitucional en ese momento.
Con esta resolución judicial, Emilio Lozoya suma un nuevo episodio a su historial legal, desafiando los intentos de la FGR de privarlo de este valioso activo.
