En el ‘Alcatraz de los caimanes’ se habrían usado jaulas para confinar a migrantes

NUEVA YORK- El organismo de control interno del Departamento de Seguridad Nacional proporcionó nuevos detalles sobre las condiciones en el centro de detención de Florida, que ahora está cerrado.

Un centro de detención de migrantes administrado por el estado de Florida en los Everglades no cumplió con una serie de normas federales de detención, creó condiciones de hacinamiento y confinó a los migrantes en “pequeñas cabinas de metal”, según un nuevo informe del organismo de control independiente del Departamento de Seguridad Nacional.

El informe dijo que el uso de las cabinas no tenía precedentes entre las instalaciones que el organismo de control, la Oficina del Inspector General del departamento, había inspeccionado previamente, y presentaba “riesgos significativos” para la salud y la seguridad de los detenidos. Se enfocó en una instalación de alto perfil conocida como el “Alcatraz de los caimanes”, la cual fue objeto de un intenso escrutinio antes de que cerrara este verano.

El informe planteó más preguntas sobre una instalación que se convirtió en sinónimo del duro trato del gobierno del presidente Donald Trump hacia los detenidos por inmigración. Trump había bromeado diciendo que la ubicación estaba en un área tan remota que los detenidos tendrían que aprender “cómo huir de un caimán”. Fue cerrada después de críticas sobre las condiciones y el costo, y después de enfrentar impugnaciones legales.

Los investigadores federales descubrieron que los recintos de metal, cada uno de los cuales proporcionaba solo alrededor de 1.7 metros cuadrados de piso, se usaban como “áreas para calmarse”, donde al menos 79 detenidos fueron retenidos durante períodos que iban de varios minutos a casi dos horas. Aunque el personal de la instalación dijo que los detenidos pedían pasar tiempo en los recintos, los investigadores federales encontraron al menos un caso en el que se usaron los recintos para disciplinar a un detenido que “no cumplió con una orden legal”.

“El uso de espacios tan restrictivos es muy poco convencional y no se alinea con las normas de trato humano”, dijo el informe.

El personal de la instalación dijo que los detenidos no estaban encerrados en los recintos, pero los investigadores federales encontraron mecanismos de cerraduras en ellos. El tiempo promedio que los detenidos pasaron en los recintos fue de aproximadamente una hora.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la instalación era administrada por el estado de Florida, pero que las condiciones allí eran “consistentes con las mismas normas federales de detención empleadas por gobiernos anteriores”.

“Todas las instalaciones para detenidos están limpias, y cualquier acusación de condiciones inhumanas o uso excesivo de la fuerza es FALSA”, dijo el departamento en un comunicado.

Al hablar el lunes en una conferencia de prensa en Lakeland, Florida, el gobernador Ron DeSantis dijo que no había leído el informe. Pero defendió las condiciones en la instalación, la cual dijo que era una parte crucial de los esfuerzos del estado para sacar de las calles de Florida a los criminales que se encuentran en el país de manera ilegal.

“Cuando la establecieron, su objetivo no era solo cumplir con las normas federales, sino en realidad superar las normas federales” para las condiciones de los detenidos, dijo DeSantis.

Alex Lanfranconi, el director de comunicaciones del gobernador, defendió el uso de los recintos y dijo en un comunicado que los “medios de izquierda quieren enfocarse en un área de confinamiento para criminales extranjeros violentos que han demostrado que no pueden permanecer pacíficos mientras esperan su deportación”.

“Aunque cumple con todas las normas federales para el confinamiento de criminales, la haríamos incluso más pequeña si pudiéramos”, añadió Lanfranconi.

Los investigadores descubrieron que la instalación cumplía con las normas de admisión y uso de la fuerza, pero no con una variedad de normas nacionales de detención relacionadas con la atención médica, el servicio de alimentos, la higiene personal y la recreación.

El informe indicó que el personal de la instalación no proporcionó a los detenidos suficiente espacio habitable. Las normas nacionales requieren que a los detenidos se les den al menos 7 metros cuadrados de espacio de piso por persona. Pero a su máxima capacidad, las unidades de alojamiento en las instalaciones solo proporcionaban 2,6 metros cuadrados por detenido, según el informe.

Los investigadores federales también señalaron que un congelador en la instalación estaba funcionando por encima de la temperatura recomendada, lo cual dijeron que podría causar la descomposición de los alimentos y aumentar el riesgo de enfermedades para los detenidos.

El personal de la instalación también dijo que los detenidos se duchaban solo tres veces a la semana, lo que les impedía “mantener una buena higiene personal”, dijo el informe. Por lo general, las normas nacionales requieren que los detenidos tengan acceso diario a las duchas. Los investigadores federales también descubrieron que las duchas de la instalación estaban “infestadas de pequeños insectos”, en particular en los techos.

En julio de 2025, Florida erigió rápidamente el centro de detención en un aeropuerto de entrenamiento en una zona rural entre Miami y Naples, y promovió la instalación como parte de los esfuerzos del estado para ayudar en la ofensiva de Trump contra la inmigración. Incluso erigieron un letrero que decía “Alcatraz de los caimanes” en un camino hacia la instalación, lo cual los críticos denunciaron como cruel.

Operar la instalación les costó a los funcionarios estatales más de 1 millón de dólares por día, incluyendo el transporte de agua en camiones y la eliminación de aguas residuales. Los funcionarios de Florida cerraron la instalación este verano, y dieron como razón la inminente temporada de huracanes, a pesar de que los detenidos habían pasado la temporada de 2025 en el centro de detención.

El informe del inspector general se suma a las repercusiones persistentes del “Alcatraz de los caimanes”. Este mes, los legisladores de Florida aprobaron 250 millones de dólares en financiamiento adicional para la agencia encargada del manejo de emergencias, con el fin de ayudar a cubrir facturas pendientes relacionadas con el control migratorio, incluidas las del centro de detención. El gobierno federal había acordado anteriormente reembolsar más de 600 millones de dólares por gastos relacionados con esa instalación y otra en el norte del estado, aunque gran parte de ese dinero aún no se ha pagado.

También este mes, dos guardias del “Alcatraz de los caimanes” fueron arrestados por acusaciones de haber golpeado a un detenido. Enfrentan cargos por delitos menores de agresión física en el condado de Collier, Florida, y se han declarado no culpables.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha mantenido que el estado tenía autoridad sobre las operaciones diarias de la instalación, el gobierno de Trump ha enfrentado un creciente escrutinio sobre el trato a los migrantes en los centros de detención supervisados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Las muertes de al menos tres detenidos en menos de ocho meses en Delaney Hall, un centro de detención de migrantes de administración privada en Nueva Jersey, han planteado recientemente preguntas sobre la calidad de la atención médica brindada a los migrantes. c. 2026 The New York Times Company.

Por Madeleine Ngo, Hamed Aleaziz and David Ovalle, The New York Times.