INE: Una purga necesaria
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La elección del próximo año no está contaminada, pero la renuncia de Guadalupe Taddei tampoco resuelve el problema que dejó sobre la mesa
El escándalo que arrastra a Guadalupe Taddei crece sin importar que haya presentado su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). Ayer, la síntesis de prensa de la Cámara de Diputados registró 30 columnas y artículos de opinión sobre el caso; salvo una, todas fueron negativas. Ha sido muy difícil para quienes han intentado la defensa, aunque uno de sus voceros comenzó la ruta del spin para contrarrestar el desastre: los partidos de oposición se están vacunando contra una segura derrota ante Morena en las elecciones del próximo año.
La relevancia no partidista de este tema, empero, la da una segunda lectura sobre el impacto del escándalo, totalmente personalizada: en Reforma, 5 de 6 columnas y artículos de opinión en su página editorial criticaron sus acciones; en El Universal fueron 4 de 11. En Milenio, 3 de sus 6 columnistas políticos se refirieron críticamente a Taddei, mientras en Excélsior sus cuatro expertos en política la cuestionaron. En El Financiero, 4 de 11 editorialistas la valoraron negativamente, y uno la mencionó sin centrarse en ella, como hicieron tres articulistas en La Jornada, donde sólo 1 de 13 opinadores la tocó, igualmente en tono crítico.
El tema, sin embargo, no puede disociarse de la 4T ni del hecho de que haya causado una implosión dentro del régimen, porque la consejera presidenta era una de las suyas. Taddei aterrizó en el cargo en marzo de 2023 como resultado de una tómbola en la Cámara de Diputados, ese insultante método de comedia con el que se están decidiendo –mediante inducción en el mecanismo– cargos importantes para el destino del país. No fue electa de manera individual, sino por el procedimiento, que es lo que se votó. Hubo 460 sufragios a favor y 24 en contra, sin abstenciones. Movimiento Ciudadano, pudorosamente, abandonó la sesión.
El planteamiento que se está haciendo sobre el futuro del INE no está corriendo sobre líneas partidistas, sino en cómo se puede restablecer la credibilidad y confiabilidad ciudadana en el respeto del voto. De lo que hizo Taddei no se culpa a la 4T, aunque sí tienen responsabilidad, no sólo por el método como la ungieron, sino por la reforma de octubre de 2024 al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que le permitió a la presidencia del INE designar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin la aprobación del Consejo General, modificando la normativa que obligaba a un acuerdo colegiado.
Taddei integró en la Junta General Ejecutiva, anunciada en mayo pasado, a los y las titulares de 16 direcciones ejecutivas, coordinaciones y unidades técnicas bajo el esquema de designación directa de la Presidencia del INE. Con ello, metió a su equipo, incondicional y –como quedó de manifiesto en algunos casos con motivo del escándalo de las adjudicaciones a un proveedor con quien mantiene relaciones personales– ciegos. La única posición que no le entregaron los diputados fue la Secretaría Ejecutiva, cuyo nombramiento exige un procedimiento colegiado. En diciembre de 2023 propuso para ese cargo a Roberto Carlos Félix López, un funcionario muy cercano a ella, pero seis consejeros electorales lo rechazaron por no reunir el perfil técnico requerido. Tiempo después, en septiembre pasado, encontró una forma: forzó a renunciar a Claudia Arlett Espino y lo designó “encargado de despacho”.
Todo ha explotado con el escándalo de sus abusos y conflictos de interés, que han generado una percepción de irregularidades y probables corrupciones. Sin embargo, para efectos de un mecanismo democrático, el cual ha estado destruyendo, hay que diferenciar entre la imparcialidad real y la percibida. La primera se determina examinando las decisiones, los procedimientos y las pruebas, como el fraude a la ley que le dio mayoría calificada a Morena en la última elección; misma que ha quedado más que probada. La segunda depende de la transparencia y de la confianza que inspire, en lo que Taddei está definitivamente reprobada.
Las llamadas de alerta sobre el riesgo de que el escándalo contamine al INE y al proceso electoral del próximo año no son menores. El órgano electoral no se limita a contar votos, para lo cual dispone de un excepcional servicio de carrera y una ciudadanía dispuesta a participar en un proceso democrático que considera –y es– suyo. También debe garantizar la integridad de la documentación electoral, la calidad de los materiales, la confiabilidad de los procedimientos y la aplicación imparcial de la ley.
Si los proveedores de esos materiales estuvieran involucrados en prácticas irregulares, habría que determinar si las anomalías afectaron únicamente el gasto público o si comprometieron algún componente de la organización electoral. Si se le agrega que el empresario Alfredo Hernández, quien recibió contratos millonarios del INE y tiene con Taddei una relación personal –y quizás corruptora de su familia–, afirma falsamente haber ganado junto con Cosmocolor –sólo esta empresa tiene el contrato– la licitación para las nuevas credenciales de elector, la preocupación es mayor.
Las percepciones son importantes porque se convierten en verdades. Por ejemplo, el INE podría organizar correctamente la elección de 2027 y, paralelamente, sufrir una crisis de credibilidad por conductas individuales. No habría pruebas de fraude, pero podría debilitar la aceptación pública de sus decisiones. Debe garantizarse la continuidad institucional y asegurar que la renovación de su presidencia no afecte la preparación de los comicios de 2027, ni la autonomía del organismo, que estará inmiscuido en un ambiente de polarización política, donde cualquier debilidad del árbitro electoral pueda ser utilizada por los contendientes para cuestionar resultados que les sean adversos.
La elección del próximo año no está contaminada, pero la renuncia de Taddei tampoco resuelve el problema que dejó sobre la mesa. Lo urgente es resolver sobre las irregularidades que está encontrando la Auditoría Superior de la Federación en los procesos de adjudicación, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) avance en sus investigaciones, no sobre la institución per se, sino sobre Taddei, Hernández y quienes estén involucrados en adjudicaciones sospechosas, porque los del INE, en el Órgano de Control Interno, se quedaron ciegos.
Lo inmediato es obvio: sustituir a todas las cabezas de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas que nombró, así como al secretario ejecutivo, mientras que el Congreso repone la aberración que aprobó en 2024 y restaura la designación colegiada, para controlar el daño que sufrió el INE, más allá del resultado de las investigaciones, ante las dudas sobre la administración de sus recursos, la vigilancia interna y la inmoralidad de algunos de sus dirigentes.
