Ex empleado de la PGR vendía programas espía a políticos, se declara culpable en EU
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La empresa Elite By Carga vendía herramientas de interceptación y vigilancia a ciudadanos privados y políticos mexicanos
El empresario mexicano-estadounidense Julio Santamaría, de 49 años, se declaró culpable de vender y usar programas espía en México y Estados Unidos para monitorear y vigilar a rivales políticos y empresariales.
El extrabajador de la otrora Procuraduría General de la República (PGR) realizó la confesión el pasado martes 7 de febrero de 2023 en un tribunal federal de Estados Unidos.
Según documentos judiciales, a partir de enero de 2016 o alrededor de esa fecha, Santamaría comenzó a trabajar para un consorcio de empresas estadounidenses y mexicanas, incluida una compañía llamada Elite By Carga, para la cual negoció la venta de herramientas de interceptación y vigilancia a ciudadanos privados y políticos mexicanos.
Antes de trabajar para este consorcio, Santamaría trabajó para la PGR.
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De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Julio Santamaría admitió saber que, en algunos casos, sus clientes dentro del gobierno mexicano tenían la intención de “usar el equipo de interceptación con fines políticos, en lugar de con fines legítimos de aplicación de la ley”.
En un caso, arreglaron a sabiendas de que un alcalde del estado de Morelos obtuviera acceso no autorizado a las cuentas de Twitter, Hotmail e iCloud de un rival político.
Carlos Alberto Guerrero Villanueva, propietario de Elite by Carga y Daniel Moreno, director de tecnología de la compañía, ya se habían declarado culpables del mismo delito el año pasado, admitiendo que las herramientas y tecnologías de piratería que negociaron serían utilizadas con fines comerciales y personales por clientes privados.
Según el acuerdo de culpabilidad de Guerrero, Elite by Carga vendió programas espía a los gobiernos estatales de Baja California y Durango, a sabiendas de que el “equipo vendido a sus clientes mexicanos podía y probablemente sería utilizado con fines políticos”, anotó el diario The San Diego Union Tribune.
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“La declaración de culpabilidad ayuda a detener la proliferación de herramientas digitales utilizadas para la represión y promueve la seguridad digital de los ciudadanos estadounidenses y mexicanos”, dijo el fiscal federal Randy Grossman.
“Esta oficina está comprometida a interrumpir las actividades cibernéticas maliciosas y mitigar la vigilancia ilegal”.
Grossman agradeció al equipo de la fiscalía y a los agentes federales por su trabajo en el caso.
“La declaración de culpabilidad de hoy demuestra que el ciberespacio no es un refugio de la justicia estadounidense, y como se ve en este caso, aquellos que violan los derechos de privacidad serán responsabilizados”, dijo el agente especial a cargo, Chad Plantz,
Este caso fue investigado por las Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional, con la asistencia proporcionada por la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia.
Con información de medios
