FGR obtiene 61 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a García Luna
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La dependencia no dio más detalles al respecto, pero el llamado involucraría a servidores públicos
A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República dio a conocer que se obtuvieron 61 órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas a contratos formalizados para penales federales en época de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La dependencia, liderada por Alejandro Gertz Manero, no dio más detalles al respecto, sin embargo, confió que, en breve, proporcionarían información pertinente sobre el caso.
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“Se obtienen 61 órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas a contratos formalizados para penales federales en época de Genaro ‘G’”, escribieron en su cuenta oficial de Twitter.
Cabe destacar que, apenas esta mañana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó que Sonia Vargas Terreros, actual coordinadora de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), había firmado contratos por 71 millones 600 mil dólares, a favor de empresas en relación con Genaro García Luna, recientemente acusado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.
Así lo detalló el titular de la dependencia, Pablo Gómez, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, igualmente, especificó que la funcionaria se encuentra bajo una investigación de la FGR, junto con otros servidores ligados a la red.
“Estos contratos son relevantes porque fueron hechos con las mismas empresas durante dos sexenios consecutivos: el sexenio del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, y el sexenio que va del 2012 al 2018. El primero de ellos, que fue encabezado por Felipe Calderón, y el segundo fue encabezado por el último Presidente anterior que tuvimos en nuestro país: Peña Nieto”, reveló.
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Gómez acusó que “no se trata de cualquier ilícito”, sino, son actos vinculados a una gran trama de corrupción, “cuyo resultado económico son reclamados en México”.
Todo eso, apenas a unos días de que AMLO señalara a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, por emplear a Vargas Terrero, empero, fuentes judiciales reviraron que la ministra no había avalado la contratación.
