Gobierno desactivó 10 mil teléfonos usados para extorsiones

Por medio de llamadas anónimas al 089, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), han detectado 18 mil 900 números para realizar extorsiones.

Con esa información fueron desactivados 9 mil 900 teléfonos y 6 mil tarjetas SIM que fueron utilizados empleando para ello antenas de transmisión cercanas a 90 penales estatales, informó Clara Luz Flores Carrales.

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En entrevista con La Jornada, la titular del SESNSP reveló que este es un programa piloto que fue puesto en marcha en diciembre de 2022 y que al cierre de septiembre ya ha logrado disminuir la actividad delictiva que presuntamente involucra a internos en centros penitenciarios.

“Esta es un proyecto piloto que deriva de una instrucción de la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, que involucra a todo el equipo de trabajo, y precisamente hemos obtenido información que señala que es de los penales de donde pueden estarse haciendo el mayor número de llamadas telefónicas para extorsionar.

“El programa inició el 10 de diciembre de 2022 y hasta septiembre pasado encontramos que algunas sospechas que se tenían se confirmaron y por ello se han puesto en marcha otras acciones para avanzar en el combate a este delito.

En el país tenemos 284 centros penitenciarios, de los cuales, derivado de las llamadas anónimas que los ciudadanos realizan al 089 y los reportes de extorsión, hemos identificado que son 60 penales estatales donde se puede considerar que se realiza actividad ilícita o que en ese periodo que ahora se informa se realizó ese tipo de actividad.”

Clara Luz Flores, quien antes de ser titular del SESNSP se desempeñó como alcaldesa en el municipio de General Escobedo, en Nuevo León, y en 2021 fue candidata a la gubernatura de esa entidad por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), indicó que el programa de combate a la extorsión ha logrado identificar que 18 mil 900 números han registrado actividad en antenas que se localizan en inmediaciones de los centros penitenciarios.

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Eso ha sido un logro, y hay que decirlo, se ha establecido esa identificación de números a través de las denuncias ciudadanas que se han recibido al 089.

Puntualizó que la información recabada ha permitido identificar el uso recurrente de esos números en torno a 60 centros estatales.

El programa piloto y el trabajo coordinado ha permitido que disminuya el delito de extorsión desde 34 centros penitenciarios, señaló.

El logro más importante es la identificación de los 18 mil 900 números telefónicos, y con la coordinación se ha logrado erradicar, inhibir o prevenir ese tipo de llamadas gracias a que se inhabilitaron 6 mil tarjetas SIM y más de 9 mil 900 dispositivos, mediante el uso de tecnología para que queden inactivos en su totalidad dando de baja los datos IMEI (por sus siglas en inglés, International Mobile Equipment Identity) y el denominado código PIN de las tarjetas.

“De esa manera no sólo se inactivan los aparatos telefónicos, sino también las tarjetas y con ello se ha logrado disminuir las llamadas de extorsión desde los centros penitenciarios que hemos identificado por la recurrencia con la que se recibieron reportes ciudadanos, y que principalmente se han detectado desde prisiones que se ubican en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Ciudad de México, estado de México, Zacatecas, Oaxaca, Tabasco, Nuevo León, Veracruz Colima, Guerrero, Baja California Sur y Querétaro.”

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A ese respecto, la funcionaria puntualizó que la mayor parte de aparatos y tarjetas telefónicas inhabilitadas ha sido en zonas en torno a la prisión estatal de Puente Grande, en Jalisco, donde se contabilizaron un millón 432 mil 327 llamadas y 46.4 por ciento de números relacionados con ese delito alcanzó 46.4 por ciento.

Desde antenas cercanas al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se realizaron 323 mil 325 llamadas y 10.5 por ciento correspondieron a ese tipo de ilícito; desde antenas cercanas al penal de Altamira en Tamaulipas se hicieron 270 mil 186 telefonemas y detectaron que 8.7 por ciento correspondían a ese delito.

“Lo que la secretaria Rosa Icela Rodríguez quiere es abatir la impunidad y para ello además de este programa piloto, lo que se necesita es la colaboración de la sociedad, ya que gracias a sus reportes al número 089, donde pueden denunciar de manera anónima, es como se ha ido creando este banco de datos y se realizan las inhabilitaciones de equipos y tarjetas”, señaló la funcionaria federal.

Con información de La Jornada