Hacienda ’congela’ contrataciones en gobierno e instituciones públicas, excepto en Fuerzas Armadas, IMSS y embajadas
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La Secretaría de Hacienda dio la instrucción a los oficiales mayores y titulares de las Unidades de Administración y Finanzas. Las instituciones también deberán devolver los recursos previstos para contratar personal
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó suspender contrataciones para este año a todas las dependencias, los órganos administrativos desconcentrados y las entidades de la administración pública, lo que incluye instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Cofepris, el Conacyt, el INAH y el INBAL, entre otras instancias.
También aplica para los órganos reguladores coordinados en materia de energía, la Oficina de la Presidencia y los Tribunales Agrarios. Las únicas excepciones a esta instrucción serán las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional, las acciones para el programa IMSS-Bienestar, las embajadas y los consulados, advierte el oficio 307-A.-0832, obtenido por Animal Político.
En el gobierno “no podrán formalizar ninguna contratación para la ocupación de plazas presupuestales de carácter permanente, de plazas de carácter eventual y de prestación de servicios profesionales por honorarios con cargo al capítulo de Servicios Personales a partir del 31 de mayo de 2022”, dice el oficio firmado por Víctor Mójica Vilchis, titular Subsecretaría de Egresos, Unidad de Política y Control Presupuestario.
Animal Político preguntó a la Secretaría de Hacienda el motivo de esta decisión, pero no hubo respuesta.
Esta instrucción no solo impactará a las secretarías de Estado, sino también a sus órganos desconcentrados, entre los que estarán el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida, el Centro Nacional de Rehabilitación, el Centro Nacional de Trasplantes y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de acuerdo con los reglamentos internos de la SEP y la Secretaría de Salud.
También, los dedicados a la investigación como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y Radio Educación. En materia de seguridad, incluye al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En materia de medio ambiente impactaría a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional del Agua, entidades que intervienen en los procedimientos de evaluación y permisos para obras de construcción como el Tren Maya.
Entre las entidades de la administración pública se consideran también las “empresas de participación estatal”, entre las que se encuentra, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que en las últimas semanas reportó problemas de operación. El más mediático ocurrió cuando un avión con permiso para aterrizar tuvo que emprender vuelo nuevamente porque había otra aeronave en la pista donde debía descender. El accidente fue evitado gracias a la pericia del piloto.
Según el gremio de controladores aéreos, los problemas se han originado porque las plazas de dicha especialización han sido ocupadas por cercanos al exdirector del área y por la falta de contratación de expertos en la materia por parte del exdirector de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Víctor Hernández.
José Alfredo Covarrubias, líder del Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (Sinacta), aseguró que se requiere contratar al menos a 300 controladores más para cumplir con la recomendación de la Organización de Aviación Civil Internacional, pues debería haber al menos dos controladores aéreos por cada turno en los centros de trabajo, pero por ahora solo hay uno.
La instrucción del congelamiento de plazas fue dirigida a los oficiales mayores y titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de las dependencias de la administración pública federal, quienes se encargan de administrar el presupuesto en sus respectivas dependencias, el pasado 26 de mayo.
Incluso, el oficio advierte que las dependencias deberán regresar el dinero que estaba previsto para las contrataciones.
“Las dependencias y entidades apoyadas en servicios personales que cuenten con recursos provenientes de vacancia deberán, dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada mes, realizar el traspaso de esos recursos al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el concepto ‘Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre Servicios Personales’”, dice.
Se trata de otra medida contra el funcionamiento de los entes públicos, sumado a la política de austeridad implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que inició su administración con las reformas a la Ley de la Administración Pública para que ningún funcionario ganara más que el presidente, eliminar prestaciones como seguros de gastos médicos y seguro de separación, y disminuir gastos operativos que llegan hasta no comprar garrafones de agua en los edificios públicos.
Incluso, en las dependencias han pedido a los empleados la ‘donación’ de un porcentaje de salario para la compra de medicamentos o vacunas, la compra del libro del presidente y hasta la entrega de una parte del salario en el DIF, cuando era dirigido por la actual subsecretaria de Bienestar, Rocío García, como dio a conocer Animal Político.
Entre los casos de excepción al congelamiento de plazas están las obligaciones establecidas en términos de la legislación laboral: “los procesos de contratación que se realicen con la finalidad de mantener la continuidad del personal en la misma plaza o contrato que viene ocupando derivado de la terminación de la vigencia del nombramiento o del contrato inmediato anterior”.
También, las plazas derivadas de los concursos de selección que hayan iniciado con fecha anterior al 31 de mayo de 2022.
Se prevén reuniones en los próximos días dentro de las instituciones para determinar los impactos en la administración, que por el momento no tienen aún claros, afirmaron funcionarios consultados.
Con información de Animal Político
