Inhabilitan a María de los Ángeles Errisúriz, ex secretaria de Educación en Nuevo León, por abuso de funciones

Por abuso de funciones, la ex secretaria de Educación de Nuevo León durante la administración de Jaime Rodríguez Calderón, María de los Ángeles Errisúriz, fue inhabilitada durante un año para ocupar cargos públicos.

Lo anterior lo dio a conocer el propio gobierno estatal a través de un comunicado en el que estableció que la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa sancionó a la coahuilense para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un año.

Dicha inhabilitación se desprende de una investigación llevada a cabo por la Unidad Anticorrupción de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado.

“Es la primera vez en la historia del estado de Nuevo León que la contraloría y la Unidad Anticorrupción, han calificado y enviado a la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas diversos expedientes por conductas de servidores públicos como faltas administrativas graves, siendo la ex secretaria de Educación la primera servidora pública estatal de primer nivel sancionada por este motivo, mediante el nuevo régimen de responsabilidades administrativas”, especificó el gobierno estatal.

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La investigación contra la ex funcionaria estatal se debió a irregularidades en el nombramiento del entonces encargado de la Rectoría de la Universidad Politécnica de Apodaca.

Se acreditó que la ex secretaria de Educación no tenía las atribuciones correspondientes para otorgar el nombramiento, ya que esa atribución solamente correspondía al entonces titular del Ejecutivo, por lo que se configuró la falta administrativa de abuso de funciones.

”Seguido el procedimiento ante la autoridad Resolutora, el Magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa sancionó mediante la inhabilitación un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por haberse acreditado la falta administrativa grave consistente en abuso de funciones”, detalló.