Los médicos ligan el cáncer de un pueblo argentino a los agroquímicos
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La incidencia de neoplasias en Monte Maíz triplica la tasa nacional
Un grupo de profesores de Medicina de la Universidad de Córdoba, Argentina, detectó en un pueblo agrícola de esa provincia, Monte Maíz, que las tasas de incidencia del cáncer y otras enfermedades triplican las medias provincial y nacional. Como conclusión, recomendó que se mudaran las plantas de almacenamiento de cereales, plaguicidas y otros agroquímicos fuera del centro urbano.
En Monte Maíz, de 8.200 habitantes y a 440 kilómetros al oeste de Buenos Aires, el alcalde, Luis Trotte, y otros vecinos le pidieron a la Universidad de Córdoba que investigara lo que ellos percibían como un aumento de enfermedades graves. Médico, alumnos de la universidad y expertos del Centro de Investigación de Medio Ambiente de la Universidad de La Plata participaron en el estudio. La investigación descubrió que la tasa bruta de incidencia de cáncer (casos nuevos diagnosticados por año) es de 707 por cada 100.000 habitantes, frente a 264 de la provincia de Córdoba y 217 de toda Argentina. Los principales tipos de tumores detectados fueron de mama, colon, próstata, tiroides y piel. El 21,6% de los casos ocurrió en menores de 44 años, un segmento de la población que solo está afectado en el 11,6% de los cánceres registrados en el nivel provincial.
El cáncer es la principal causa de muerte en Monte Maíz, el 33,4% del total en 2014. En la media de Argentina, son el 20%, por detrás de las enfermedades cardiovasculares.
Los médicos de la Universidad de Córdoba, encabezados por Medardo Ávila Vázquez, advirtieron de que por Monte Maíz circulan por año 600.000 litros de glifosato, un herbicida usado en las plantaciones de soja transgénica, y que son depositados en los 22 almacenes distribuidos por el pueblo, algunos de ellos sin habilitación municipal. Este mes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de que hay pruebas convincentes de que los glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos. En Monte Maíz se planta soja, maíz y trigo.
Los investigadores recomendaron al alcalde que reubicara los depósitos de agroquímicos y también los de granos, dado que de las cáscaras también se desprenderían sustancias presuntamente tóxicas. Hallaron en los suelos restos de glifosato, cipermetrina y cloropiritos. También sugirieron que se reforestaran los suburbios. La zona rural reúne 65.000 hectáreas, donde se aplican 630.000 litros de pesticidas por año, advierte el informe presentado el sábado.
El documento también manifiesta la preocupación por el basurero a cielo abierto que está situado a 800 metros del pueblo. También señala la existencia de agua estancada de inundaciones pasadas y la de un canal de desagüe con productos nocivos desechados por industrias locales.
No solo hay más cáncer en Monte Maíz. La tasa de abortos espontáneos asciende a 9,9% de las mujeres embarazadas, frente al 3% de media nacional. Los niños con malformaciones congénitas suman el 2,9% en los últimos 10 años (el 1,9% en Argentina). Los médicos también llamaron la atención por la cantidad de neumopatías, hipotiroidismo y lupus.
Argentina es el tercer productor mundial de soja. En 2012, en el primer juicio sobre contaminación con agroquímicos en este país, un tribunal de Córdoba sentenció a tres años de prisión condicional a un agricultor y a un piloto de avionetas que al fumigar plantaciones de soja habían contaminado a habitantes de un barrio vecino de esta ciudad. En una entrevista reciente con EL PAÍS, Antonio Aracre, codirector general para Latinoamérica de la suiza Syngenta, la mayor fabricante de agroquímicos del mundo, opinó sobre la toxicidad de sus productos: Si vamos a hablar de un tipo que hace fumigaciones, nosotros somos padrinos de escuelas rurales y he visto camionetas fumigando a un metro de los chicos. Eso es criminal, el tipo tiene que ir preso. Pero el problema no está en el producto, que controla un montón de enfermedades que no controlas en el campo.
Por Alejandro Rebossio / El País