San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del mundo

La noche del 9 de marzo dos conductores de autobús fueron asesinados al volante de sus vehículos. Les dispararon en la cabeza después de dejar huir a los pasajeros. En el lugar del crimen, repleto de familias que llevan a sus pequeños hijos a observar la escena, se comprenden varias de las dinámicas que vive San Pedro Sula, una ciudad al noreste del país sitiada por toda clase de violencias: crimen pandilleril y organizado, normalización de la violencia, y miedo a las autoridades.

Los compañeros de los conductores asesinados, visiblemente afectados, piden alejarse del lugar y no ser identificados para poder explicar con tranquilidad porque han muerto sus compañeros. Dicen que cada semana pagan una extorsión de unos 10 dólares por vehículo a una pandilla que creen que es la Mara Salvatrucha.

"Niños desperdigados por la ciudad apuntan el número de autobuses en circulación y calculan la cantidad de dinero a recibir", dijo un conductor a The Associated Press con la condición de no dar su nombre por temor a represalias. "La semana pasada quien realizaba los cobros no le entregó la cantidad completa a sus jefes". Dicen que oponerse a este esquema de funcionamiento o, simplemente denunciarlo a la policía, significa "que lo maten a uno".

Honduras vive una ola de violencia que lo ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo, con 86 muertos con por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales. Esta tasa se ha duplicado en los últimos cinco años, multiplica por veinte la de los Estados Unidos, y se sitúa diez veces por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud define como "epidemia".

Una epidemia contagiada por la violencia de pandillas, como la Mara Salvatrucha, que tienen sitiado al país al ejercer su poder casi imperial para extorsionar, asesinar, y traficar drogas en un ambiente de marcada impunidad e impotencia.

Esta pandilla, conocida también como MS-13, nació en la década de los 80 en las prisiones de California y muchos de sus miembros fueron deportados a países de origen en Centroamérica.



Poder pandillero

Juan Carlos Zúñiga, alcalde de San Pedro Sula, reconoce que el lugar se encuentra amenazado por una violencia a la que las autoridades no son capaces de hacer frente. "Como gobierno local no tenemos los instrumentos necesarios para enfrentarnos a una violencia bien definida e identificada, derivada del narcotráfico, que nos supera", dijo a la AP.

Para César Cáceres, que dirige el programa de apoyo a la seguridad de la Unión Europea en Honduras, "la zona del Valle de Sula está geográficamente posicionada hacia la costa atlántica, desde donde ejerce de portaviones para movilizar la logística necesaria para el narcotráfico".

Varios policías dijeron a la AP, bajo la condición del anonimato por temor a venganzas, que en la guerra "el que no mata, muere". Dicen que si, por ejemplo, un miembro de la Mara Salvatrucha soborna a un juez y sale libre, es probable que regrese para tomar venganza contra el policía que lo detuvo.

Otro explica que en sus días libres no está autorizado a portar armas y aunque lo hiciera se encontraría en inferioridad de condiciones frente a la capacidad armada de las pandillas. En la estación policial del barrio, muestra los impactos de bala en las paredes de su oficina y cuenta que les han atacado hasta con granadas.

En la parada de taxis de un hospital, un taxista con 21 años al volante explica que cada uno de los 35 vehículos que tiene la empresa paga unos 30 dólares al mes a una pandilla que le extorsiona. Dice que el estado cobra en impuestos de circulación anuales por vehículo lo mismo que paga en un mes por extorsión. "¿Quien cree que tiene mas fuerza, el estado o los pícaros?", se pregunta el taxista que habló a la AP bajo la condición del anonimato por temor a represalias.



Violencia tercerizada

Para medir la violencia que azota a San Pedro Sula, la sala de urgencias del hospital Caterino Rivas es un buen lugar. Parece el nosocomio de un país en guerra: la noche del 9 de marzo se encuentra saturado; sus instalaciones son viejas, precarias y las manchas de sangre pululan por paredes y pisos que nadie tiene tiempo de limpiar. No hay camillas suficientes para recibir a los 19 heridos que llegaron esa noche. Hay una sola enfermera para más de 30 pacientes. Los acompañantes de los heridos deben moverlos, lavarlos, cuidarlos y hasta conseguirles los medicamentos.

Natalia Galdámez, médico de turno, acaba de recibir a tres heridos por arma de fuego en una sala de billar de Choluteca, a media hora de San Pedro Sula. "Cuentan que alguien llegó y les disparo sin mediar palabra", dice. "Nos cuesta creerlo. Esto es un crimen por encargo, escuchamos la misma historia muchas veces".

El informe anual del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional recoge que aunque no se conoce el motivo ni los responsables del 57% de los homicidios de 2011, más de la mitad del 43% restante son producto del sicariato o asesinato por encargo.

"(Es una) tercerización de la violencia, profesional y por encargo que llevan a cabo las pandillas", dice Migdonia Ayestas, directora de la institución.

El Comisario Yair Mesa, a cargo de la seguridad del casco urbano de una de las ciudades más peligrosas del mundo, se defiende esgrimiendo falta de recursos. "En diversos puntos situamos patrullas sin motor con finalidad disuasoria", dijo.

El país, según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, "se encuentra en una encrucijada", sometido a "organizaciones criminales implacables, bien armadas, bien financiadas y logísticamente hábiles".

En 2011, las fuerzas de seguridad incautaron dos submarinos que transportaban droga cerca de sus costas, uno de ellos con cinco toneladas de cocaína. El 79% de todos los vuelos de tráfico de la misma sustancia que salen de Sudamérica hacen parada en Honduras, según el mismo informe.

Los Estados Unidos, que destinan 60 millones de dólares al año para luchar contra el narcotráfico en la región a través de la Iniciativa de Seguridad de América Central, ha decidido recientemente aumentar la ayuda a Honduras para seguridad de uno a tres millones de dólares para 2013, una cantidad que equivale al valor aproximado de lo incautado en un solo submarino.