Fracasó la guerra antidrogas, afirma comisión mundial

Internacional
/ 23 septiembre 2015

Comisión internacional plantea despenalizar el uso de sustancias ilícitas y legalizar la cannabis

Nueva York. Ex presidentes y altos funcionarios, empresarios, escritores, artistas y otras personalidades internacionales declararon hoy que la guerra contra las drogas es "un fracaso" e hicieron un llamado a dar un giro en el paradigma de cómo abordar el asunto de las sustancias ilícitas, que incluye la despenalización y hasta su regulación legal.

La Comisión Global de Políticas sobre Drogas, integrada por los ex presidentes de México, Ernesto Zedillo; Brasil, Fernando Henrique Cardoso; Colombia, César Gaviria, y Suiza, Ruth Dreifuss, así como por personalidades como el ex secretario de Estado George Shultz, el ex jefe de la Reserva Federal Paul Volcker y el ex secretario general de la Organización de Naciones Unidas Kofi Annan, presentará este jueves su informe con el propósito de impulsar una revisión internacional de las actuales estrategias de la guerra antidrogas.

La comisión representa el grupo de más alto nivel que ha hecho un llamado en pro de estos cambios.

En el informe, los integrantes de la comisión afirman que "la guerra global contra las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades en el mundo. Cincuenta años después del inicio de la Convención sobre Drogas Narcóticas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y 40 años de que el presidente Richard Nixon lanzó la guerra contra las drogas del gobierno estadunidense, reformas fundamentales en políticas globales de control de drogas son requeridas de manera urgente".

El informe ofrece pruebas del fracaso, en términos empíricos, de la llamada guerra contra las drogas. Afirma que la producción y el consumo de estupefacientes se ha incrementado de manera dramática, justo durante las décadas en que se proclamó esa guerra.

Según cálculos de la ONU, en la década que va de 1998 a 2008 el consumo de opiáceos se incrementó 34.5 por ciento, el de cocaína 27 y el de cannabis (mariguana) 8.5 por ciento.

El informe resalta que los enormes gastos en políticas represivas contra productores, traficantes y consumidores, "claramente han fracasado en limitar efectivamente la oferta o el consumo. Victorias aparentes en la eliminación de una fuente u organización de traficantes son anulados casi en forma instantánea con el surgimiento de otras fuentes y traficantes".

Agrega que las políticas de criminalización contra los consumidores impiden impulsar iniciativas de salud pública para abordar las consecuencias del consumo de droga e implican enormes gastos en encarcelación y otras medidas.

La comisión afirma que "a pesar de que cada vez hay más pruebas de que las políticas actuales no están logrando sus objetivos, la mayoría de los hacedores de política a escalas nacional e internacional han preferido evitar el escrutinio abierto o el debate sobre alternativas".

En ese contexto, la comisión pretende promover un nuevo debate basado en evidencia empírica y científica para la elaboración de nuevas políticas y medidas que "respeten los derechos humanos para reducir el daño que causan las drogas a los individuos y a las sociedades".

Las recomendaciones de la comisión incluyen poner fin a la criminalización y marginación de las personas que consumen drogas sin dañar a otros; instar a la experimentación, por parte de los gobiernos, con modelos de regulación legal de drogas, en particular la cannabis, con la finalidad de minar el poder del crimen organizado y proteger la salud y seguridad de los ciudadanos; ofrecer más programas de tratamiento de abuso de drogas, y la aplicación de principios y políticas de derechos humanos y reducción de daños para consumidores y para los individuos que están involucrados en el escalafón más bajo de los mercados de drogas, incluyendo los granjeros.

También recomienda que las acciones represivas se enfoquen sobre las organizaciones criminales violentas, pero que se lleven a cabo de manera que minen su poderío, mientras se da prioridad a la reducción de la violencia y la intimidación.

Los esfuerzos de seguridad no deberían enfocarse a reducir los mercados de droga en sí, sino en reducir los daños de ésta sobre los individuos, las comunidades y la seguridad nacional.

Insta a iniciar el cambio del paradigma global sobre prohibición de drogas, sustituyendo las políticas y estrategias antinarcóticos, "impulsadas por ideología y conveniencia política, con políticas fiscalmente responsables y estrategias basadas en ciencia, salud, seguridad y derechos humanos.

"Ya no podemos ignorar que el grado al que han llegado la violencia, el crimen y la corrupción ligados a la droga en América Latina es resultado de políticas fracasadas de la guerra contra la droga. Ahora es momento de romper el tabú sobre la discusión de todas las opciones de política de drogas, incluyendo alternativas a la prohibición", afirmó el ex presidente de Colombia César Gaviria en un comunicado de prensa de la comisión.

"La guerra contra las drogas ha fracasado en reducir el uso de estupefacientes, pero ha llenado nuestras cárceles, ha costado millones en dólares de los contribuyentes, nutrido al crimen organizado y causado miles de muertes. Necesitamos un nuevo camino, uno que retire el poder de las manos del crimen organizado y trate a gente con problemas de adicción como pacientes, no como criminales", declaró el empresario Richard Branson, fundador del Virgin Group.

Agregó: "la única cosa que no podemos hacer es continuar pretendiendo que la guerra contra las drogas está funcionando".

El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso señaló que se requieren reformas fundamentales y dijo que se puede empezar "por tratar la adicción de drogas como asunto de salud, reducir la demanda mediante iniciativas educativas comprobadas y legalizar en vez de criminalizar la cannabis".

Entre los 19 miembros de la comisión, además de los antes mencionados, están el primer ministro de Grecia, George Papandreou; los escritores Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes; la ex secretaria de Estado de Alemania Marion Caspers-Merk; el ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Javier Solana y el banquero John Whitehead.

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