Dan cuatro años de cárcel por fraude de implantes mamarios

La justicia francesa condenó este martes a cuatro años de cárcel y a una multa de 75.000 euros a Jean-Claude Mas, el fundador de la empresa de implantes mamarios defectuosos PIP, en el macrojuicio celebrado la pasada primavera en el sur de Francia por estafa y engaño agravado. Más de 7.000 mujeres de 71 países estaban representadas por unos 300 abogados. Otros cuatro altos cargos de la empresa que vendió implantes fabricados con un gel no homologado a medio mundo han sido condenados a penas de entre 18 meses y tres años. Se trata de la primera sentencia en contra de Mas y de sus colaboradores en este escándalo sanitario de dimensiones mundiales, que en España afectó al menos a unas 8.000 mujeres.

La condena a Mas, de 74 años, se acompaña de una prohibición definitiva de ejercer en el sector médico o de gestionar una empresa. El tribunal ha seguido la petición de la fiscalía que reclamaba cuatro años, aunque la multa de 75.000 euros se queda algo por debajo de los 100.000 euros requeridos. "Usted tiene que reflexionar desde una celda sobre esta triste odisea comercial que ha dejado tantas víctimas", indicó el fiscal de Marsella, Jacques Dallest, en su alegato final el pasado mes de mayo.

El abogado de Mas indicó nada más conocerse la sentencia que apelará la decisión, lo cual suspende la condena a la espera de que se confirme o no. Sin embargo, el antiguo rey de la prótesis tenía que volver directo a la cárcel, donde cumple ocho meses de preventiva en el marco de otra investigación judicial todavía abierta, esta vez por "homicidio involuntario". La justicia también tiene abierta otra causa en torno a este escándalo, por bancarrota fraudulenta y blanqueo.

El tribunal condenó también a tres años de cárcel, dos de ellos de obligado cumplimiento, y a 30.000 euros de multa a Claude Couty, quien fue director financiero de la empresa con sede en el sur de Francia. Hannelore Font, directora de calidad, y Loïc Gossard, encargado de producción de la PYME, fueron condenados cada uno a dos años, uno de ellos de obligado cumplimiento. Thierry Brinon, responsable de I+D, fue condenado a 18 meses de cárcel. Estos tres últimos estaban acusados de complicidad en los cargos.

Un total de 7.113 mujeres procedentes de 71 países se habían constituido parte civil en este macrojuicio celebrado en abril y mayo en Marsella, cerca de la sede de la empresa, para el que se tuvo que habilitar un polideportivo. Tan solo unas cincuenta de ellas pudieron estar presentes el martes por la mañana para presenciar la sentencia.

Durante el juicio, Mas había pedido perdón por primera vez a sus víctimas, aunque nunca quiso admitir la nocividad de su producto. Parte de sus implantes fueron fabricados con un gel industrial no homologado, por un coste menor y para el cual las autoridades sanitarias han revelado un riesgo de rotura superior a lo normal. El último balance de la Agencia Nacional Sanitaria del Medicamento, la ANSM, estima en 7.500 el número de roturas y 3.000 el de efectos secundarios, principalmente reacciones inflamatorias, tan solo entre las 30.000 mujeres con este tipo de implantes en Francia.

Esta es la primera condena de cárcel en contra de los dirigentes de la PYME que empleaba a 120 personas, posiblemente al corriente de la estafa sin llegar nunca a denunciarla. En causa están también las autoridades sanitarias, tanto francesas como europeas, las cuales fallaron en su deber de vigilancia, así como la empresa alemana TÜV, la cual certificó el gel fraudulento. Esta se considera víctima de estafa y ha sido reconocida como tal en el juicio en Marsella. Sin embargo, en otra causa juzgada a mediados de noviembre por la justicia civil, fue condenada a indemnizar a las víctimas por fallar a su obligación de control.

En España, donde el Gobierno no recomendó en un principio la extracción de los implantes fraudulentos, se estimó que las víctimas pudieran encontrarse entre 8.000 y 12.000 mujeres. La sanidad pública, sin embargo, solo se comprometió a correr con los gastos de los implantes que se rompieran tras una operación de reconstrucción de pecho por motivos médicos (una mastectomía, por ejemplo). La sustitución de prótesis tras operaciones meramente estéticas, según el Ministerio de Sanidad, deben costearlas las clínicas privadas que colocaron las prótesis.