Restan cinco años a la condena de Zougam y El Gnaoui

No obstante, esta reducción que supone restar cinco años a la condena total de 42.924 de El Gnaoui y 42.922 de Zougam no tiene ningún efecto práctico, ya que ambos sólo cumplirán la pena máxima de 40 años de reclusión establecida en el Código Penal español.

La sentencia hecha publica el miércoles establecía una pena de 20 años para cada tentativa de homicidio, y al restar un día por cada uno de esos delitos, el cómputo total de la condena que deberán cumplir Zougam y Gnaoui es de 15 años de cárcel por dichos delitos.

Así, el total de años de prisión para Zougam será de 42.917 años y de 42.919 para El Gnaoui, ambos condenados como autores de 191 homicidios consumados, 1.856 homicidios en grado de tentativa y cuatro delitos de estragos terroristas.

En un auto emitido hoy, también se fija la indemnización para los familiares de los 191 fallecidos en la masacre de Madrid, que recibirán 900.000 euros (1,3 millones de dólares al cambio actual).

Recibirá también esta cantidad la familia del policía del Grupo Especial de Operaciones (GEO) Francisco Javier Torronteras, que murió al ser alcanzado por la explosión de la vivienda en la que se suicidaron siete de los autores de la matanza tres semanas después del 11-M.

De esta forma, el tribunal subsana la omisión de la cifra económica establecida para las indemnizaciones a los familiares de los fallecidos, ya que debido a un error por las continuas correcciones de la sentencia, en ella sólo aparecían las cantidades fijadas para los heridos y víctimas directas e indirectas de la masacre, entre los 30.000 y los 1,5 millones de euros.

El tribunal acordó que los acusados Jamal Zougam, Otman el Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.715 años de cárcel por suministrar a los terroristas los explosivos para los atentados, debían hacerse cargo de las indemnizaciones en su integridad.

Además de establecer 900.000 euros para los fallecidos, en el auto de hoy se acuerda que se añada un párrafo en el apartado relativo a las indemnizaciones en el que se fija "la subrogación a favor del Estado por las cantidades abonadas a las víctimas".

Fuentes del tribunal explicaron que esto significa que cuando los condenados paguen a las víctimas, éstas tendrían que descontar de esa cantidad la parte que ya les ha abonado el Estado.

Aunque los condenados se declaren insolventes, la sentencia le reconoce al Estado su situación de acreedor respecto a los acusados.

El tribunal aún tiene pendiente emitir alguna aclaración más de la sentencia, por lo que aunque los acusados tienen la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo, el plazo para presentar ese recurso no comenzará a correr hasta que no se hayan emitido todos los autos aclaratorios.

Los condenados no tendrán que hacerse cargo de las indemnizaciones hasta que la sentencia sea firme, extremo que no se concretará hasta que se resuelvan los recursos de casación.