Ultimátum de Evo Morales a prefectos

La Paz , Bolivia.- El ultimátum dado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, a los prefectos opositores para que lleguen el domingo a un acuerdo definitivo generó sorpresa en las regiones, donde lo interpretaron como un arrinconamiento político.

Los prefectos del Consejo Nacional Democrático (Conalde) que decidieron desde el mes pasado dialogar con el gobierno con la mediación de la OEA y de la Iglesia Católica, se mostraron contrariados porque la posición de Morales no es nada democrática.

El presidente dijo la víspera que el próximo domingo "será definitivo" en el diálogo establecido con los prefectos y adelantó que los esperará en la ciudad de Cochabamba para posibilitar un acuerdo nacional.

"Ojalá que los prefectos estén", expresó el gobernante a los jefes regionales de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca, que esta semana suspendieron sus conversaciones al considerar que se ha empezado una "cacería" política contra los opositores de Morales.

El Conalde consideró que el Ejecutivo ha incumplido los compromisos que permitieron el inicio de conversaciones, luego de los hechos violentos del 11 y 12 de septiembre pasado en la región de Pando, donde murieron 17 personas.

De acuerdo con la posición de los prefectos, la detención del representante del Comité Cívico José Vaca fue la gota que derramó el vaso al considerar que hay una "cacería política", aunque el gobierno lo desmintió.

El gobierno boliviano a través del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que no hay una persecución y más bien deslizó que hay pruebas que comprometen a Vaca en un atentado terrorista contra un gasoducto en el sur boliviano.

Quintana convocó a la oposición para que, sin dilaciones ni exabruptos, acuda a la mesa del diálogo para viabilizar un acuerdo nacional el próximo domingo.

"Los prefectos aparentemente están suspendiendo el diálogo en su afán de proteger a quienes cometieron actos de terrorismo y delitos comunes durante las protestas de septiembre pasado", afirmó el represente de Morales.

En diversas formas y foros, el gobierno de Morales ha aclarado que no persigue ni perseguirá políticamente a nadie y recalcó que será la Fiscalía General de la República la que determine el grado de responsabilidad.

Las revueltas sociales de septiembre pasado, patrocinadas según el gobierno por las prefecturas, dejaron daños por unos 100 millones de dólares y 75 instituciones destruidas y arrasadas por el fuego.

Morales consideró que todo fue un acto para generar un caos que degenerara en un golpe cívico, lo cual fue desarticulado con la captura del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a quien responsabilizan de ser autor intelectual de la muerte de 17 personas.

El mandatario, quien tiene un 67 por ciento de respaldo popular, ha insistido en que sólo la vía del diálogo será el mecanismo para poner fin a una profunda crisis que amenaza con desencadenar nuevos conflictos sociales.

La Federación de Colonizadores alertó que si para el 13 de octubre próximo los prefectos no firman un acuerdo que viabilice a Bolivia como nación, ellos llevará a cabo una marcha general y harán sentir su protesta, en respaldo al presidente.

A esta marcha se sumarían campesinos, mineros, estudiantes y grupos afines al gobernante Movimiento al Socialismo que arrinconarían a los prefectos sin darles oportunidad de rearticular sus estrategias.