Advierte RSF sobre el uso de la seguridad nacional como una herramienta para reprimir el periodismo

En su nuevo informe titilado “Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo” llevo acabo un análisis esta entorno a esta situación en el mundial; RSF precisó que las leyes destinadas para proteger la defensa del Estado están siendo cada vez más usadas para criminalizar las informaciones de interés público, detalla la Agencia de Noticias EFE.

De acuerdo a un comunicado publicado su sitio web, Reporteros sin fronteras explica que “en nombre de la seguridad nacional, los periodistas son perseguidos, encarcelados, vigilados, forzados al exilio e incluso asesinados” y prosigue describiendo que en su nuevo informe se “demuestra cómo el concepto de seguridad nacional, mucho más allá de su finalidad original, se ha transformado en una herramienta de represión contra el periodismo en todo el mundo. El informe analiza esta deriva mundial y formula diez recomendaciones para proteger de forma duradera la libertad de prensa”.

EFE resalta que esta situación es una “evolución” que, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, quedó “reflejada” en su clasificación mundial de la libertad de prensa de 2026.

En opinión de Anne Bocandé, quien es la Directora Editorial de RSF “La seguridad nacional no puede convertirse en un pretexto que permita a los gobiernos silenciar a los periodistas. Cada proceso judicial abusivo, cada detención arbitraria y cada ley retorcida para ser usada contra la prensa debilita no solo la libertad de informar, sino también el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a acceder a la información”., siendo así añade Bocandé que “los gobiernos, ya sean autoritarios o democráticos, aprenden ahora unos de otros cómo utilizar las herramientas del Estado en materia de seguridad para impedir que los periodistas investiguen”, por lo que concluye la Directora Editorial de RSF que en “este informe demuestra que esta deriva se ha convertido en un fenómeno mundial y que urge reafirmar que el periodismo nunca constituye una amenaza para el Estado, sino una garantía contra la arbitrariedad”.

En su comunicado Reporteros Sin Fronteras hace referencia a el caso de los periodistas Turki al-Jasser, de Arabia Saudí; Frenchie Mae Cumpio, de Filipinas y Zhang Zhan, de China, en el que los tres recibieron condenas argumentando la “seguridad nacional” para fincarles un delito entre 2020 y 2026.

Al-Jasser fue ejecutado, mientras que Mae Cumpio y Zhan fueron encarcelados, por el solo hecho ejercer su profesión, acentúa el comunicado.

“Estos casos distan mucho de ser aislados: desde Gaza hasta Hong Kong, pasando por Moscú y Managua, cientos de periodistas se enfrentan hoy a acusaciones de terrorismo, espionaje, traición o atentado contra los intereses del Estado, cuando lo único que hacían era cumplir con su labor”, asevera RSF.

Reporteros Sin Frontera señala que tan “solo en las últimas semanas, el medio digital independiente Crimean Solidarity” fue “incluido en el infame registro de “agentes extranjeros” del gobierno ruso por haber documentado la represión rusa en la Crimea ocupada”.

Así mismo describe que en Estados Unidos, el Departamento de Justicia tomó la decisión de “emitir citaciones para obligar a periodistas del Washington Post y del Wall Street Journal a testificar ante un gran jurado en el marco de una investigación sobre filtraciones relacionadas con la seguridad nacional”.

Otro caso ocurrió el 1 de julio del año en curso cuando el régimen chino dio luz verde una nueva ley que “amplía peligrosamente el abanico de actividades consideradas como “terrorismo””; acota RFS, por lo que, continúa “esta legislación puede utilizarse para perseguir a periodistas en el exilio, especialmente a los de la minoría uigur perseguida. En Hong Kong, el editor Jimmy Lai acaba de superar la barrera de los dos mil días en prisión por un presunto delito de “atentado contra la seguridad nacional” en su calidad de fundador de Apple Daily, uno de los periódicos independientes más emblemáticos del territorio”.

En este sentido, Martin Bright, quien es el Director del Departamento de Periodismo de la Universidad de Essex y redactor asociado de la revista Index on Censorship explica “he dedicado gran parte de mi carrera a defender a periodistas y denunciantes perseguidos en nombre de la seguridad nacional”; Bright prosigue detallando “pero cuando comparecí ante el tribunal a principios de siglo por negarme a revelar mis fuentes, pensaba que estaba siendo testigo de un conflicto excepcional entre la seguridad nacional y la libertad de prensa. Hoy en día, se ha convertido en un modelo de gobernanza”; el Director del Departamento de Periodismo de la Universidad de Essex concluye diciendo que “los Estados se inspiran unos en otros para saber cómo utilizar mejor el pretexto de la seguridad nacional con el fin de eludir el control democrático y silenciar a los periodistas. Este informe muestra que ya no nos enfrentamos a una serie de casos aislados. Estamos asistiendo a la normalización de un modelo mundial en el que las democracias y los regímenes autoritarios se inspiran mutuamente para restringir el espacio de la libertad de prensa”.

EFE describe que en este nuevo informe se “documentan” casos que ocurrieron entre 2020 y 2026 en países tales como Arabia Saudí, China, Filipinas, Rusia o Israel, en donde periodistas fueron imputados de terrorismo, espionaje, traición incluso de atentar contra la seguridad nacional por haber publicado investigaciones “de interés público”.

En la caso de América Latina, de acuerdo con EFE, la noción de seguridad nacional ha sido usada “históricamente” con el propósito de combatir a presuntos “enemigos internos”. Más recientemente, al crimen organizado, lo que, según RSF, ha impulsado la persecución de los periodistas que realizan investigaciones entorno a las fuerzas de seguridad, así como a la corrupción o los grupos armados.

En su informe RSF resalta a Nicaragua, en donde derivado de leyes de “agentes extranjeros” y ciberdelitos obligó el cierre o exilio de casi todos los medios de comunicación independientes, así el retiro de la nacionalidad a periodistas que han sido exiliados.

Así también denuncia las restricciones a la cobertura informativa en países tales como Cuba, Brasil, México, Perú, Colombia, El Salvador y Ecuador, así como algunos casos de vigilancia ilegal y campañas de estigmatización dirigidos contra la prensa.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y Reporteros sin Frontera.