Continúa Trump su guerra contra la Corte Penal Internacional, ahora sanciona su presidenta, Tomoko Akane

Estados Unidos dio a conocer sanciones para Tomoko Akane, quien la presidenta de la Corte Penal Internacional, en lo que deja ver que es un nuevo paso de la campaña del Gobierno del presidente, Donald Trump, en sus esfuerzos para desmantelar el tribunal, indicó la Agencia de NoticiasEFE.

A través de un comunicado, cita EFE, la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció que sanciona a a la presidenta de la CPI y también al abogado senegalés Abdoulaye y que va a permitir “operaciones limitadas con cuentas asociadas a ambos para poder liquidar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre”.

Así mismo la OFAC precisó que sancionará las transacciones con “cualquier entidad en la que una o varias de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, ya sea individual o conjuntamente, una participación del 50 % o más”.

Estas medidas ocurren debido aque Akane tiene esencialmente funciones institucionales y de representación de la corte, en tanto que que Seye, de acuerdo con EFE, parece que se encargó de supervisar las investigaciones entorno a la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania o al suministro de armas a colonos, siendo esta un tema “especialmente sensible para Washington, que no reconoce la legitimidad del tribunal”.

“La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal”, detalló Marco Rubio, quien es el secretario de Estado en un comunicado.

TRUMP DECLARA LA GUERRA A LA CPI

En 2025, el presidente estadounidense le declaró la guerra a la Corte Penal Internacional una vez que ganó las elecciones y regresó al poder; ya siendo el inquilino de la Casa Blanca en el mes de febrero firmó una orden ejecutiva con la que calificaba a distintas iniciativas de la CPI como una “amenaza” para la seguridad nacional.

Lo modular de esta orden son las pesquisas llevadas acabo por la CPI sobre el ejército de EU en lugares tales como Afganistán y las órdenes de detención que la corte emitió en contra del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

Es a través de esta orden que la Administración Trump se ha ampara para sancionar tanto a fiscales como jueces de la CPI, así como a quien es la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, y también tres organizaciones palestinas de derechos humanos.

Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI para poder juzgar a sus ciudadanos ya que no firmó el estatuto de Roma.

SANCIONES DE EU SOCAVAN EL ESTADO DE DERECHO ACUSA LA CPI

En un comunicado publicado en el sitio web de la Corte Penal Internacional censura las nuevas de sanciones por parte de la administración estadounidense en contra de Akane y Seye.

“Estas sanciones son un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que opera de conformidad con el mandato conferido por sus Estados Partes de todas las regiones. Como resultado de estas designaciones, en la actualidad nueve de los dieciocho jueces, los dos fiscales adjuntos, el ex fiscal y un miembro del personal han sido sancionados por los Estados Unidos”, explica la CPI.

La Corte Penal Internacional, prosigue explicando que “este tipo de medidas dirigidas a jueces, fiscales y personal que trabaja para cumplir el mandato conferido a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho. Cuando los actores judiciales se ven amenazados por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que corre peligro”, por lo que añade, “las amenazas y las medidas coercitivas también afectan la capacidad de las víctimas de buscar justicia, ya que recurren a la Corte cuando se han agotado todas las demás vías”.

Siendo así que “la Corte no se inmuta y respalda firmemente a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables. La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato con independencia e imparcialidad, en plena conformidad con el Estatuto de Roma y en interés de las víctimas de crímenes internacionales”, precisa el comunicado.

En este sentido “la CPI valora las constantes demostraciones de solidaridad de los Estados Partes, la sociedad civil y todos aquellos que apoyan el estado de derecho y la justicia para las víctimas de crímenes internacionales”; por tanto, concluye el comunicado, “la Corte continuará su trabajo, con todos los socios y con el apoyo inquebrantable de sus Estados Partes, para garantizar la implementación efectiva e independiente de su mandato”.

UE Y PAÍSES MIEMBROS SALEN EN DEFENSA DE LA CPI

Tras darse a conocer estas nuevas sanciones ya la Unión Europea como los países que son miembros de la Corte Penal Internacional defendieron la labor del tribunal internacional así como a su presidenta.

Los representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, además de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, en donde están representados 125 países, expresaron su apoyo de Akane y al tribunal.

En un comunicado, la presidencia de la Asamblea de los Estados Partes manifestó “su profunda consternación” por las sanciones de EU contra la presidenta de la CPI y un miembro del personal.

“Observamos con profunda preocupación las últimas medidas anunciadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra la Presidenta de la Corte Penal Internacional y un abogado de juicio que trabaja en la Oficina del Fiscal”, detalla el comunicado, que añade que “estas nuevas medidas, que se suman a las anteriores designaciones de miembros de la dirección de la Oficina del Fiscal y de ocho jueces de la Corte Penal Internacional, constituyen lamentables intentos de obstaculizar a la Corte y a su personal en el desempeño de las funciones que les han sido encomendadas, consistentes en investigar y enjuiciar los casos relativos a los crímenes más graves que conoce la humanidad”.

Derivado del frecuente uso de este “recurso” por parte del gobierno de Trump dirigidos a tanto funcionarios como miembros del personal de la CPI se “corre el riesgo de socavar las investigaciones en curso y de obstaculizar los esfuerzos internacionales encaminados a garantizar que los responsables de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto respondan de sus actos y a hacer justicia a las víctimas”, describe el comunicado, siendo así, añade, estas medidas debilitan el compromiso compartido con el Estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la preservación de un orden internacional basado en normas”.

En este sentido, “reiteramos nuestro pleno apoyo a la Corte, a sus funcionarios y a todas las personas que contribuyen al cumplimiento de su mandato judicial. Instamos a todos los Estados Partes y a las partes interesadas en el sistema del Estatuto de Roma a mantenerse firmes en su compromiso con el respeto de los principios de la justicia internacional y a permanecer unidos en apoyo de la Corte y de los valores consagrados en el Estatuto de Roma”, concluye el comunicado.

Por su parte, Ursula von der Leyen y António Costa presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, respectivamente publicaron un mensaje en sus redes sociales en el que mostraron su respaldo al tribunal y defendieron su labor.

“Nos mantenemos firmemente junto a la CPI, a la presidenta Tomoko Akane y a los funcionarios que defienden su misión. La CPI ayuda a brindar justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más horribles del mundo. Para llevar a cabo esta labor esencial, sus jueces y funcionarios deben poder actuar de manera independiente y sin presiones externas”, expresaron Von der Leyen y Costa.

Así también, Sanae Takaichi, quien es la primera ministra de Japón, se refirió a las sanciones impuestas por EU como de “muy desafortunadas”, ya estas afectan a la jueza nipona e indicó que su Gobierno “continuará respondiendo a esta situación” en coordinación con los países implicados.

La Corte Penal Internacional que fue creada en 2002 y que tiene su sede en La Haya, es un tribunal independiente que se encarga de llevar acabo investigaciones y juzgar a personas acusadas por presunto genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales de un país no puede o no quiere hacerlo.

Con información de la Agencia de Noticia EFE y Corte Penal Internacional.