Demanda HRW a la Administración de Trump a que renda cuentas por los 227 muertos en ataques a presuntas lanchas con droga

A través de un comunicado publicado en su sitio web, HRW hace referencia al primer año desde que Estados Unidos dio inició una “campaña ilegal de ataques militares letales” en contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, derivado de estos ataques 227 personas han perdido la vida; por lo que la organización no gubernamental urge a que los funcionarios estadounidenses “deben rendir cuentas de forma urgente por estos asesinatos”.

Human Rights Watch describe que en lo va del el mandato del mandatario estadounidense Donald Trump y del secretario de Defensa Pete Hegseth, las fuerzas armadas de Estados Unidos han realizado, hasta ahora, “69 ataques ilegales desde el 2 de septiembre de 2025, en el marco de una campaña militar más amplia que, según la administración, busca frenar el tráfico de drogas en el hemisferio occidental”. No obstante, prosigue HRW, quitarle vida a personas en el mar sin haber tenido un juicio previo, “independientemente de su presunta implicación en actividades delictivas, constituye una violación del derecho internacional”.

En opinión de Ida Sawyer, quien es la directora de crisis, conflictos y armas de Human Rights Watch “la administración Trump ha matado de forma sumaria a más de 200 personas en el transcurso del último año, presumiendo de estos asesinatos en Internet y sin enfrentar ninguna responsabilidad”, Sawyer prosigue detallando que “las víctimas y sus seres queridos merecen una rindiendo de cuentas completa sobre estas operaciones, así como justicia por el grave daño sufrido”.

Human Rights Watch hace referencia a los dos más recientes ataques en el que fallecieron dos personas el pasado 23 de agosto de 2026, así como el de otras cuatro el 25 de agosto; HRW considera que estos “asesinatos echaron por tierra las breves esperanzas de que la abusiva campaña hubiera llegado a su fin, tras un mes de julio en el que la administración no informó de ningún ataque”.

Por lo contrario, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) fio a conocer el pasado el 4 de agosto que se va crear una nueva fuerza de tarea conjunta con el objetivo de coordinar la acción militar con 18 países aliados de toda América, lo que deja ver que en vez de disminuir se van a expandir las operaciones militares en la región.

“En un comunicado de prensa en el que se anunciaba el ataque del 23 de agosto, el comandante del SOUTHCOM, Francis Donovan, declaró: “Cuando ordené el establecimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta - Hemisferio Occidental, fue precisamente con este propósito: acelerar, sincronizar y ejecutar acciones letales contra estas redes narcoterroristas desestabilizadoras””, cita el comunicado.

Human Rights Watch señala que con el respaldo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Derechos Constitucionales, los familiares de dos víctimas que se piensa fallecieron en un ataque ocurrido en octubre de 2025 decidieron presentar una demanda federal en contra el gobierno de Estados Unido el 27 de enero de 2026, en la que además pidieron una indemnización por las muertes.

De acuerdo con esta demanda, HRW precisa que una de las presuntas víctimas, Rishi Samaroo, de 41 años, estaba trabando en Venezuela cuando tomó la decisió de regresar a su hogar en Trinidad ya que deseaba ayudar a cuidar a su mamá que estaba enferma. Human Rights Watch entrevistó su hermana, quien relató que su hermano se comunicó con ella el 12 de octubre para informarle de que tanto él como su amigo, Chad Joseph, de 26 años, abordarían una embarcación con destino a Las Cuevas, Trinidad.

Ella afirmó que él le dijo que la vería en un par de días. “Después de eso, no volví a saber de él”, declaró. “Lo llamamos, pero nada, nadie contestó”. Posteriormente se enteró de que Estados Unidos había atacado una embarcación el 14 de octubre o en torno a esa fecha, y concluyó que Samaroo había muerto en el ataque.

LA ADMINISTRACIÓN DE TRUMP JUSTIFICA LOS ATAQUES

En su intento por argumentar “sus ejecuciones extrajudiciales”, el gobierno de Estatados Unidos acentúa que “mantiene un conflicto armado con ciertas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en América Latina”, precisa el comunicado, que añade, “un argumento aparentemente expuesto en un memorando jurídico secreto elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia que la administración se niega a divulgar públicamente”.

“Estados Unidos debe poner fin de inmediato a su campaña ilegal de ejecuciones extrajudiciales y garantizar el acceso a la justicia y a reparaciones para las víctimas”, enfatiza Human Rights Watch.

“La administración Trump ha gozado de total impunidad por esta campaña de asesinatos ilegales durante un año, y ha declarado abiertamente que no tiene intención de detenerse”, explica Sawyer, que concluye explicando que “otros países deben abstenerse de cualquier cooperación en estos ataques, y el Congreso debe trabajar con urgencia para frenar las acciones mortales de una administración empeñada en violar el derecho internacional”.

Con información de Human Rights Watch.