Demandan 10 estados al gobierno de Trump por enjaular niños inmigrantes

Internacional
/ 21 junio 2018

Encabezados por California, califican la política de 'Cero Tolerancia' como 'cruel y contra la ley'

El fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció que ha unido a una coalición de diez estados para presentar una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por la política "cruel y contra la ley" de separar a las familias inmigrantes en la frontera con México.

"Los niños deben estar con sus familias, no solos y aterrorizados dentro de jaulas de metal. Presentamos esta demanda porque separar a los niños de sus padres va contra la ley, es algo equivocado y es cruel", indicó Becerra.

Trump anunció ayer que pedirá a su Gobierno que actúe para reunificar a las familias inmigrantes que han sido separadas desde el pasado mes de abril, una situación que afecta a más de 2 mil 300 niños.

Previamente emitió un decreto con el que ponía fin a la separación de los niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México, pero no resolvía la situación de los menores que ya han sido alejados de sus progenitores.

"El presidente Trump firmó ayer una orden vacía y sin significado para frenar políticas que él mismo había implementado. Es un truco político", afirmó Becerra.

"Mientras tanto estos niños, sus padres y la gente de todo el mundo necesita respuestas para lo que vaya a ocurrir ahora. Esta política podría tener consecuencias devastadoras para la salud y el bienestar de esos niños", agregó.

 

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Para Becerra, "separar a niños de sus familias" supone "caer más bajo aún, incluso para la Administración de Trump".

La demanda alegará que las leyes aplicadas por el Gobierno de Trump violan derechos fundamentales que van contra lo establecido en la Constitución.

Además, solicitarán que el Gobierno cree de inmediato un proceso para reunificar a las familias separadas.

Al menos 2 mil 342 niños han sido separados de sus padres desde abril pasado, cuando el Gobierno estadounidense inició una política de "tolerancia cero" que llevó a presentar cargos criminales contra cualquier adulto que cruza irregularmente la frontera con México, quien era entonces separado de los menores con los que viajara.

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