El contrabando de migrantes en la frontera es ahora un negocio multimillonario
Ante la creciente demanda de coyotes, el crimen organizado entró en escena, con resultados crueles y violentos
Autor: Miriam Jordan
CARRIZO SPRINGS, Texas — Desde la calle, la casita café era ordinaria pero agradable. En la cerca de alambre colgaban un autobús escolar amarillo y un camión rojo de juguete. La fachada de la casa tenía una gran estrella solitaria texana. Pero en el patio trasero había una casa remolque destripada que un fiscal describiría luego como una “casa de horrores”.
Fue descubierta un día de 2014, cuando un hombre llamó de Maryland para reportar que su padrastro, Moisés Ferrera, un migrante de Honduras, estaba siendo retenido ahí y torturado por los traficantes que lo habían introducido a Estados Unidos. Sus captores querían más dinero, dijo el hijastro, y golpeaban las manos de Ferrera con un martillo con la amenaza de continuar hasta que la familia lo enviara.
Cuando a la casa llegaron agentes federales y de la oficina del alguacil, descubrieron que Ferrera no era la única víctima. Los traficantes habían mantenido ahí a cientos de migrantes a cambio de rescate, según halló su investigación. Habían mutilado extremidades y violado mujeres.
“Lo que sucedió ahí es de ciencia ficción, de una película de terror, algo que simplemente no vemos en Estados Unidos”, le dijo el fiscal, Matthew Watters, a un jurado cuando los contrabandistas fueron llevados a juicio. Los cárteles del crimen organizado, dijo, habían “traído este horror por la frontera”.
Pero aunque fue el primero de los casos como ese, no sería el último. El tráfico de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos ha evolucionado en los últimos 10 años de una red dispersa de coyotes independientes a un negocio internacional multimillonario controlado por el crimen organizado, incluidos algunos de los cárteles de la droga más violentos de México.
El mes pasado, la muerte en San Antonio de 53 migrantes que iban atiborrados en la parte trasera de un tractocamión sin aire acondicionado –el incidente de tráfico de personas más mortífero en el país hasta la fecha— sucedió en un momento en que las restricciones fronterizas de EE. UU., exacerbadas por una directiva sanitaria pandémica, han alentado a que cada vez más migrantes recurran a los contrabandistas.
Si bien los migrantes tradicionalmente han enfrentado secuestros y extorsión en las ciudades mexicanas fronterizas, dichos incidentes han ido en aumento en el lado estadounidense, según las autoridades federales.
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El año pasado, más de 5046 personas fueron arrestadas y acusada de tráfico humano, un incremento respecto a las 2762 en 2014.
En el último año, agentes federales han realizado casi a diario operativos en casas de seguridad que contienen a decenas de personas migrantes.
El Título 42, la orden de salud pública introducida por el gobierno de Donald Trump al principio de la pandemia de coronavirus, ha autorizado la expulsión inmediata de quienes han sido atrapados cruzando la frontera de forma ilegal, lo que permite a los migrantes cruzar repetidamente con la esperanza de tener éxito en algún momento. Esto ha ocasionado un aumento significativo de encuentros con migrantes en la frontera —1,7 millones en el año fiscal 2021— y un pujante negocio para los traficantes.
En un solo día de marzo, cerca de El Paso, los agentes rescataron a 34 personas migrantes de dos contenedores de carga sin ventilación. El mes siguiente, 24 personas que eran retenidas contra su voluntad fueron encontradas en una casa de seguridad.
Últimamente han sido tantas las persecuciones de alta velocidad que involucran a agentes de la ley y traficantes en Uvalde, Texas —entre febrero y mayo hubo 50 de ellas en la ciudad—, que algunos empleados escolares dijeron que no habían tomado en serio la orden de resguardo durante el tiroteo masivo de mayo porque en el pasado ya se habían ordenado demasiados cierres de emergencia cuando los contrabandistas atravesaban las calles a toda prisa.
Teófilo Valencia, cuyos hijos de 17 y 19 años murieron en la tragedia de San Antonio, dijo que había usado la casa familiar como garantía de un préstamo para pagar a los traficantes 10.000 dólares por el traslado de cada uno de los muchachos.
Las tarifas suelen ir de los 4000 dólares para los migrantes procedentes de América Latina, hasta los 20.000 en el caso de quienes deben ser transportados de África, Europa del Este o Asia, según Guadalupe Correa-Cabrera, experta en contrabando en la Universidad George Mason.
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Durante años, los coyotes independientes pagaron a los cárteles por la autorización de trasladar a los migrantes que controlaban en la frontera y las organizaciones criminales se limitaban a su línea tradicional de negocio —el narcotráfico—, que era mucho más rentable.
En 2019 eso empezó a cambiar, dijo el año pasado ante el Congreso Patrick Lechleinter, el director adjunto en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. La gran cantidad de personas que buscan cruzar hizo que el contrabando de migrantes se convirtiera en una fuente de dinero irresistible para algunos cárteles, dijo.
Los emprendimientos tienen equipos que se especializan en logística, transporte, vigilancia, casas de seguridad y contabilidad, todo en apoyo de una industria cuyos dividendos han ascendido de 500 millones de dólares en 2018 a 13.000 millones de dólares en la actualidad, según las Investigaciones de Seguridad Nacional, la agencia federal que investiga estos casos.
Los migrantes son transportados en avión, autobús y vehículos particulares. En algunas zonas fronterizas, como en el estado mexicano de Tamaulipas, los contrabandistas ponen bandas de colores en las muñecas de los migrantes para indicar que les pertenecen y qué tipo de servicio reciben.
“Organizan la mercancía de formas inimaginables hace cinco o 10 años”, dijo Correa-Cabrera.
Hace poco, los grupos de familias centroamericanas que cruzaron el río Bravo hacia La Joya, Texas, llevaban brazaletes azules con un delfín, el logotipo del Cártel del Golfo, y la palabra “entregas”, una señal de que tenían planes de entregarse a las autoridades estadounidenses y pedir asilo. Una vez que cruzaban el río ya no eran asunto del cártel.
Antiguamente, los migrantes que llegaban a Laredo, Texas, vadeaban el río por su cuenta y se perdían en un espeso paisaje urbano. Ahora, según entrevistas con migrantes y oficiales de las agencias de seguridad, es imposible cruzar sin pagarle a un coyote vinculado al Cártel del Noreste, una facción escindida de los Zetas.
A menudo, los contrabandistas reclutan adolescentes para transportar a los recién llegados a casas de seguridad en barrios de clase obrera. Luego de que reúnen a varias decenas de personas, ponen a los migrantes en camiones estacionados en el gran distrito de almacenes de Laredo cerca del Killam Industrial Boulevard.
“Los choferes son reclutados en bares, sitios de estriptís, paradas de camiones”, dijo Timothy Tubbs, quien fue agente especial adjunto a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional para Laredo hasta que se jubiló en enero.
Las plataformas que transportan migrantes se mezclan con los 20.000 camiones que viajan diariamente en la autopista I-35 hacia y desde Laredo, el puerto terrestre más transitado del país. Los agentes de la Patrulla Fronteriza apostados en los puntos de control inspeccionan solo una parte de todos los vehículos para garantizar que el tráfico siga fluyendo.
El tractocamión descubierto el 27 de junio con su carga trágica había pasado un puesto de control a unas 48 kilómetros al norte de Laredo sin levantar sospecha. Para cuando se detuvo tres horas después en un camino alejado de San Antonio, la mayoría de los 64 ocupantes ya habían muerto.
El conductor, Homero Zamorano Jr., uno de los dos hombres imputados el jueves en conexión con la tragedia, dijo que no tenía conocimiento de que el sistema de aire acondicionado había fallado.
El incidente de 2014 en la casa de seguridad en Texas acabó en el arresto de los perpetradores y un juicio posterior que arrojó un panorama inusualmente vívido de las tácticas brutales de las operaciones de contrabando de personas. Si bien la extorsión y el secuestro suceden con cierta frecuencia, dichos juicios con testigos colaboradores son relativamente poco comunes, dicen los funcionarios federales de la ley y el orden. Por temor a la deportación, los parientes indocumentados de los migrantes rara vez llaman a las autoridades.
El caso en cuestión empezó en la región de maleza espesa de Carrizo Springs, a unos 12 kilómetros del río Bravo, un punto popular de tránsito para las personas que intentan evitar ser detectadas. “Podrías esconder un millón de elefantes aquí, esta maleza es muy espesa”, dijo Jerry Martinez, capitán de la Oficina del Alguacil del Condado Dimmit.
Ferrera, quien tiene 54 años y fue víctima de tortura, migró por primera vez a Estados Unidos en 1993, y se dirigió a las obras de construcción en Los Ángeles y San Francisco, donde ganaba más de 10 veces lo que ganaba en Honduras. Volvió a casa unos años más tarde.
“En aquella época no se necesitaba coyote”, dijo en una entrevista desde su hogar en Maryland. “Fui y vine un par de veces”.
Cuando salió a principios de 2014, Ferrara sabía que tendría que contratar a un coyote para cruzar la frontera. En Piedras Negras, México, un hombre le prometió llevarlo hasta Houston. El hijastro de Ferrera, Mario Pena, dijo que le mandó 1500 dólares en pago.
Al llegar a Texas, Ferrera y varios inmigrantes más fueron llevados al tráiler en Carrizo Springs.
Poco después, el hijastro de Ferrera recibió una llamada exigiendo otros 3500 dólares. Respondió que ya no tenía dinero.
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Las llamadas se volvieron frecuentes y amenazantes, Pena recordó en una entrevista. Los traficantes le hacían escuchar el sonido de los gritos y quejidos de su padrastro cuando el martillo chocaba con sus dedos.
Pena logró enviar 2000 dólares por Western Union, dijo, pero cuando los captores se dieron cuenta de que era domingo y no podían cobrar el dinero, intensificaron sus ataques.
Pena llamó al 911.
Los agentes de la ley hallaron a Ferrera en la casa rodante “grave, gravemente dañado físicamente, con mucha sangre encima, echado en un sofá” en la sala, según el testimonio de uno de los agentes, Jonathan Bonds.
Otro migrante, que estaba en ropa interior, se retorcía de dolor, con la mano herida en alto, en la habitación del frente. En la posterior, los agentes hallaron a una mujer desnuda, también migrante, que acababa de ser violada por un traficante que salió desnudo del baño.
El dueño de la casa, Eduardo Rocha Sr., conocido como Lalo, fue identificado como líder del grupo de contrabando y arrestado junto con varios más, entre ellos su hijo Eduardo Rocha Jr. El menor de los Rocha testificó que su célula estaba afiliada con el cártel de los Zetas y que en dos años había canalizado cientos de migrantes a Estados Unidos y recaudado cientos de miles de dólares.
El mayor de los Rocha fue sentenciado a prisión perpetua. Su hijo y el hombre que había llevado a cabo la mayoría de los abusos físicos recibieron sentencias de 15 y 20 años.
Ferrera declaró en su juicio. Como víctima de un crimen que había colaborado con los agentes de la ley, se le permitió quedarse en Estados Unidos. Pero su nueva vida tuvo un precio, que sostuvo frente al jurado cuando levantó su brazo derecho con los dedos inermes. “Así quedó mi mano”, dijo.
Susan C. Beachy colaboró con investigación.
Miriam Jordan es corresponsal en la sección Nacional. Cubre el impacto de la migración en la sociedad, la cultura y la economía de Estados Unidos. Antes de unirse al Times, cubrió inmigración por más de una década en el Wall Street Journal y fue corresponsal en Brasil, Israel, Hong Kong e India. @mirjordan
Susan C. Beachy colaboró con investigación.
