Japón ejecuta a un hombre condenado por provocar un incendio que causó la muerte de 5 personas en un salón de pachinko en Osaka
El ataque dejó cinco personas muertas y otras diez heridas
Japón llevó a cabo este viernes una nueva ejecución, la primera durante el actual gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi, en un contexto marcado por la polémica sobre el mantenimiento de la pena de muerte y las exigencias de mayor transparencia en torno a las ejecuciones.
El condenado, Sunao Takami, de 58 años, fue ahorcado por su responsabilidad en un incendio ocurrido en 2009 dentro de una sala de pachinko en Osaka. El ataque dejó cinco personas muertas y otras diez heridas.
De acuerdo con las autoridades, Takami ingresó al establecimiento, roció gasolina y posteriormente utilizó una cerilla para iniciar el fuego. Las llamas se propagaron rápidamente por el lugar, provocando la muerte de cinco personas.
El Tribunal de Distrito de Osaka lo condenó a muerte en 2011, mientras que el Tribunal Supremo confirmó la sentencia cinco años después, en 2016.
El ministro de Justicia, Hiroshi Hiraguchi, informó que la ejecución se realizó durante la mañana del viernes.
La ejecución vuelve a colocar en el centro del debate el sistema de pena capital japonés. Actualmente, alrededor de un centenar de personas permanecen condenadas a muerte en el país y 43 de ellas han solicitado la revisión de sus respectivos casos, según datos proporcionados por el Ministerio de Justicia.
Japón es uno de los pocos países desarrollados que todavía mantiene la pena capital. Dentro del G7, únicamente Japón y Estados Unidos continúan aplicándola, mientras que la mayoría de los países miembros de la comunidad internacional la han eliminado de sus legislaciones.
Las críticas se intensificaron después de la absolución, en 2024, de Iwao Hakamada, quien pasó décadas en el corredor de la muerte y llegó a ser considerado el preso que más tiempo había permanecido bajo una condena de este tipo. Su caso alimentó los cuestionamientos sobre la posibilidad de errores judiciales y la necesidad de reformar el sistema.
Otro de los aspectos más controvertidos es el carácter reservado de las ejecuciones japonesas. Los condenados normalmente no conocen la fecha exacta de su muerte hasta la misma mañana en que son ejecutados. Aunque desde 2007 las autoridades comenzaron a proporcionar los nombres de algunos ejecutados y ciertos datos sobre sus delitos, organizaciones y críticos del sistema consideran que la información continúa siendo insuficiente.
Hiraguchi descartó modificar esta política. Según el ministro, proporcionar más información sobre las ejecuciones podría afectar psicológicamente a quienes permanecen en el corredor de la muerte.
El funcionario también defendió el uso de la horca, argumentando que distintos fallos de la Corte Suprema japonesa han establecido que este método no resulta necesariamente más cruel que otras formas de ejecución utilizadas en otros países.
El gobierno sostiene además que existe un amplio respaldo ciudadano a conservar la pena de muerte. Hiraguchi afirmó que las encuestas muestran que una mayoría considerable de la población japonesa considera necesaria su existencia.
La decisión de ejecutar a Takami durante un receso parlamentario también provocó críticas. Sus detractores consideraron que el momento elegido podía reducir las posibilidades de un debate político sobre la pena capital. El ministro negó, sin embargo, que la fecha hubiera sido seleccionada con ese propósito.
La ejecución se produce después de que Japón ejecutara en 2025 a otro de sus condenados más conocidos, Takahiro Shiraishi, apodado el “asesino de Twitter”, quien fue condenado por matar y desmembrar a nueve personas en 2017.
Pese a mantener una de las tasas de criminalidad más bajas entre los países desarrollados, Japón ha sufrido en las últimas décadas varios ataques masivos que han provocado una fuerte conmoción pública. Estos episodios han contribuido a mantener vivo el debate sobre hasta qué punto debe conservarse la pena de muerte en el país.
