La promesa de Trump de reducir a la mitad las facturas de energía ha fracasado en todo EU

A un año de haber regresado a la Casa Blanca, Donald Trump enfrenta una realidad incómoda: la promesa que más resonó entre los votantes —reducir drásticamente el costo de la energía— no solo quedó incumplida, sino que se invirtió.

Para millones de hogares estadounidenses, la electricidad y el gas son hoy más caros que hace un año, y el impacto comienza a sentirse más allá de los sectores tradicionalmente vulnerables.

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Datos oficiales del Departamento de Energía muestran que el costo promedio de la electricidad doméstica aumentó cerca de 7% en 2025.

Traducido al bolsillo, esto significó más de 100 dólares adicionales al año para un hogar típico. En algunas regiones, el golpe fue mucho mayor: Washington D. C., Indiana e Illinois encabezaron los incrementos, con alzas de dos dígitos que han convertido la factura eléctrica en una nueva fuente de angustia cotidiana.

El fenómeno no es aislado ni coyuntural. El Medio Oeste concentró los aumentos más severos, impulsados no solo por tarifas más altas, sino por el encarecimiento estructural del suministro. A esto se sumó el alza del gas natural, cuyos precios subieron más de 5% en promedio, generando una combinación que ha empujado a miles de familias al borde del impago. En estados como Nueva York, las desconexiones por falta de pago se multiplicaron en cuestión de meses.

El resultado es un cambio preocupante en el perfil de los afectados. Lo que antes era un problema asociado a los hogares más pobres ahora alcanza a sectores de ingresos medios, obligados a reducir gastos esenciales o asumir jornadas laborales adicionales para mantener servicios básicos. “La capacidad de sacrificio tiene un límite”, advierten organizaciones de asistencia energética, que observan un deterioro acelerado de la seguridad económica doméstica.

Este escenario contrasta de forma directa con el discurso que llevó a Trump de vuelta al poder. Durante la campaña de 2024, prometió repetidamente que en un plazo de 12 meses las facturas energéticas caerían hasta 50% en todo el país. Hoy, a días del aniversario de su toma de posesión, la electricidad se ha convertido en uno de los principales motores de la inflación percibida, desplazando incluso al costo de los alimentos como foco de malestar social.

Lejos de reconocer el problema, el presidente ha optado por desestimarlo. En semanas recientes calificó la crisis de asequibilidad como una “narrativa falsa”, mientras celebraba lo que describió como el mejor primer año económico de la historia. Para quienes pagan las facturas, el mensaje ha sonado desconectado de la realidad.

La política energética de la administración ofrece pistas sobre por qué el desenlace era previsible. El gobierno ha apostado por maximizar la extracción de petróleo y gas —ya en niveles récord— al tiempo que ha desmontado regulaciones ambientales y bloqueado proyectos de energía renovable que habrían ampliado la oferta eléctrica. Paralelamente, ha impulsado con fuerza la expansión de la industria de inteligencia artificial, una actividad intensiva en consumo eléctrico que por sí sola ha alterado el equilibrio de la red.

El resultado es una ecuación desequilibrada: la demanda crece a un ritmo acelerado mientras la capacidad de generación y transmisión no logra seguirle el paso. Expertos en transición energética advierten que, al frenar inversiones en eólica y solar —incluida la cancelación de parques eólicos marinos—, el gobierno ha reducido justamente las opciones más rápidas para incorporar nueva electricidad al sistema.

A esto se suman decisiones como la reactivación de plantas de carbón obsoletas y la reanudación de exportaciones de gas natural licuado, medidas que, lejos de abaratar el consumo interno, tienden a presionar al alza los precios para los usuarios domésticos.

El impacto social se agrava con los recortes a programas de apoyo. La administración ha eliminado incentivos fiscales para mejorar la eficiencia energética en los hogares y ha intentado desmantelar esquemas federales de asistencia que benefician a millones de familias de bajos ingresos. Todo ello en un invierno más frío de lo habitual, que elevó las facturas de calefacción a su nivel más alto en una década.

Paradójicamente, la única promesa energética parcialmente cumplida ha sido la relacionada con la gasolina. Los precios en las estaciones han bajado de forma sostenida, impulsados más por factores globales —exceso de oferta y menor demanda— que por decisiones de política interna. Aun así, el gobierno ha atribuido el descenso a su estrategia internacional, incluida la apropiación de activos petroleros venezolanos.

Con las elecciones intermedias en el horizonte, el costo de la energía amenaza con convertirse en un flanco político sensible. Más de un tercio de los estadounidenses identifica hoy las facturas eléctricas como una fuente importante de estrés financiero. Grupos opositores ya advierten que el incumplimiento de la promesa energética acompañará a los republicanos en las urnas.

La Casa Blanca insiste en que abaratar la energía sigue siendo una prioridad y atribuye los aumentos a decisiones de estados gobernados por demócratas. Sin embargo, para millones de familias que ven cómo la factura crece mes tras mes, la discusión ya no es ideológica: es una cuestión de supervivencia doméstica.