Millonarios pagan cientos de miles de dólares a personas cercanas a Trump para obtener indultos
En una situación en la que se benefician ambas partes, se destapa una industria de indultos que el gobierno de Trump ofrece a sus allegados
Julio Herrera Velutini, un venezolano prominente, buscaba clemencia. La obtuvo poco después de que su hija le diera a Habba, una abogada cercana al presidente Trump, un trabajo extraordinariamente lucrativo.
Julio Herrera Velutini realmente quería un indulto.
Herrera, banquero multimillonario nacido en una prominente familia venezolana, enfrentaba cargos por delitos graves de soborno en Estados Unidos y, en agosto de 2025, llegó a un acuerdo de culpabilidad inusualmente indulgente por un delito menor de violación de las leyes de financiamiento de campañas. Pero sentía que ese cargo reducido seguía siendo una mancha en su historial.
Así que Herrera movilizó a su abogado, Christopher Kise, el exprocurador general de Florida que formaba parte del equipo legal personal de Donald Trump, para que lo ayudara con una petición de clemencia. Su hija de 27 años, Isabela Herrera, quien es ciudadana estadounidense, donó 3,5 millones de dólares a un comité de campaña independiente vinculado a Trump. Pero hasta el otoño pasado, el indulto seguía siendo esquivo.
Luego, la familia Herrera contrató a Alina Habba, quien había sido una de las abogadas personales de Trump y que, en ese momento, era asesora en el Departamento de Justicia. Le ofrecieron 10 millones de dólares al año durante cuatro años, junto con una serie de bonos. En total, incluyendo los bonos, se le garantizaron más de 50 millones de dólares a lo largo de cuatro años, según entrevistas y documentos obtenidos por The New York Times.
Según el acuerdo, Habba se convertiría en directora legal de Concord Partners, una empresa que Isabela Herrera estableció en Florida a finales de octubre de 2025. La empresa no tiene presencia pública y su negocio sigue sin estar claro, incluso para algunas personas asociadas con el imperio empresarial de Herrera. Habba concretó su acuerdo días después de que la empresa fuera registrada, mientras aún se desempeñaba como fiscala federal en Nueva Jersey.
Habba comenzó a trabajar formalmente para Concord Partners el 1 de enero. Semanas después, Trump le otorgó a Herrera un indulto total e incondicional.
Para entonces, Habba era asesora principal de la fiscala general Pam Bondi, y supervisaba a los fiscales federales. Tenía una oficina en el Departamento de Justicia y un equipo de protección del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, remanente de su época de servicio como fiscala federal en Nueva Jersey.
La secuencia de los hechos plantea dudas sobre cómo Herrera consiguió el indulto y quién podría haberlo ayudado. Personas familiarizadas con el contrato de Habba dijeron que creían que ella fue contratada para ayudar en el esfuerzo de Herrera por conseguir un indulto y expresaron sorpresa por la magnitud de la compensación.
Habba negó haber tenido algún papel en el indulto.
“Cualquier insinuación de que mi empleo —el cual ha sido examinado y divulgado en su totalidad ante el Departamento de Justicia— tuviera algo que ver con la obtención de un indulto es falsa”, dijo en un comunicado.
Habba era una empleada gubernamental especial en ese momento, lo que permite a las personas trabajar para el gobierno federal hasta por 130 días y mantener un empleo externo con restricciones por conflictos de interés.
No quiso hablar sobre su trabajo para Concord.
Isabel Herrera y Julio Herrera no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios. Tampoco lo hicieron sus empresas. En un comunicado, el Departamento de Justicia dijo que Habba no habló con nadie sobre un indulto.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Habba no tuvo nada que ver con el indulto y que el gobierno sigue un proceso de revisión de indultos que incluye a la Oficina del Abogado de la Casa Blanca y al Departamento de Justicia.
En el segundo mandato de Trump ha surgido una industria de indultos en la que criminales adinerados pagan a abogados, intermediarios y cabilderos bien conectados para apelar ante el gobierno y sus aliados en un esfuerzo por conseguir indultos. Muchos de los que buscan indultos han llegado a la conclusión de que apoyar a Trump y su agenda política es la forma más rápida de obtener clemencia.
Algunas personas que buscan indultos han informado haber pagado cientos de miles de dólares o incluso un millón de dólares para contratar a personas que prometen acceso al presidente o influencia sobre el proceso de indultos.
Para Habba, el trabajo con la familia Herrera llegó en un momento crucial de su vida y de su carrera.
Renunció en diciembre de 2025 como fiscala federal en Nueva Jersey después de que un panel de jueces federales dictaminara que su nombramiento por parte de Trump se había llevado a cabo de manera ilegal. Su segundo matrimonio también se estaba desmoronando.
El arreglo con los Herrera le proporcionó un nuevo nivel de seguridad financiera. También encontró un nuevo amor. Poco después de que se emitiera el indulto, Habba comenzó a salir con Turhan Mildon, un inversionista turco.
Se casaron el mes pasado en una suntuosa ceremonia en Nueva York. La lista de invitados incluía al fiscal general Todd Blanche; al director del FBI, Kash Patel; y a Will Scharf, el abogado de la Casa Blanca.
La pareja ahora está involucrada en una disputa de alto perfil con Richard Grenell, un aliado de Trump desde hace mucho tiempo. Habba ha acusado a Grenell de asignar indebidamente una donación de su esposo al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que Grenell dirigía en ese momento. Grenell ha negado sus acusaciones y las ha calificado de absurdas.
Habba llevó esas acusaciones directamente a Trump, quien le ordenó a Scharf que las investigara. El Times ha reportado anteriormente que la investigación se enfoca en una transferencia bancaria de la República Democrática del Congo a una empresa de defensa de Texas.
La familia de Herrera, quien también tiene ciudadanía italiana, es una dinastía de banca, bienes raíces y moda que se remonta al siglo XIV. La familia posee fincas y castillos en Caracas, Venezuela; las islas Canarias; España; y Alemania.
Herrera fundó un banco con sede en Puerto Rico en 2008.
En agosto de 2022, fue acusado por su papel en un plan para sobornar a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, para que despidiera a un regulador que investigaba al banco. Herrera, Vázquez y un exagente del FBI que había trabajado como consultor para Herrera se declararon inocentes de los cargos por delitos graves.
Kise, el abogado de Herrera, ayudó a negociar un acuerdo con el Departamento de Justicia según el cual Herrera se declaró culpable en agosto de 2025 de un único cargo de delito menor de financiamiento de campañas. Vázquez y el exagente del FBI también se declararon culpables de delitos menores, lo que decepcionó a los fiscales de carrera que habían presionado para obtener sentencias más severas.
Los tres fueron indultados por Trump al mismo tiempo, poco antes de la fecha programada para que recibieran su sentencia por los cargos de delitos menores.
En julio, Banvelca, la oficina familiar de los Herrera desde 1781, anunció que Isabela Herrera, miembro de la octava generación e hija de Julio Herrera Velutini, asumía el liderazgo de la empresa. Ni el comunicado de prensa ni su biografía en el sitio web de la empresa hacen mención alguna a Concord Partners, el vehículo que emplea a Habba, quien ahora usa el apellido Mildon.
c. 2026 The New York Times Company
Por: Tyler Pager