Oposición marcha contra políticas de De la Espriella en Colombia
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El gobierno argumenta que con las modificaciones sobre el uso de la fuerza busca garantizar los derechos de quienes participan en la protesta de manera pacífica
Sindicatos y sectores de la oposición al gobierno del conservador Abelardo de la Espriella se movilizarán el miércoles por las calles de Bogotá y de otras ciudades colombianas para manifestar su descontento por las políticas del nuevo gobierno que consideran regresivas en temas sociales.
El expresidente Gustavo Petro, quien terminó su mandato en agosto, convocó a manifestarse alegando que De la Espriella ha dado señales de buscar reducir el salario mínimo, lo que a su juicio provocaría un incremento de la pobreza.
La marcha también fue convocada por algunos sindicatos, incluido el de maestros, contra políticas de De la Espriella que “modifican decretos para precarizar el trabajo decente, privatizar la educación y limitar el derecho a la protesta”, indicó la víspera en un comunicado la Central Unitaria de Trabajadores.
Este será el primer gran pulso en las calles para De la Espriella, quien ha dicho que no tolerará desmanes y que la víspera publicó un decreto que modifica el protocolo del uso de la fuerza por parte de la policía durante las protestas.
La nueva norma permitirá la intervención policial sin agotar necesariamente el diálogo, según el decreto. A su vez indica que puede retomarse el diálogo después del empleo de la fuerza, siempre que las “acciones violentas” hayan cesado.
“En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos”, aseguró De la Espriella el martes en X.
La modificación del protocolo generó especial preocupación en los movimientos sociales y sectores de izquierda que temen un uso excesivo de la fuerza y recuerdan la violencia registrada en las multitudinarias protestas de 2021 en las que algunos miembros de la fuerza pública resultaron implicados en lesiones y muertes de manifestantes.
La congresista Jennifer Pedraza, crítica del gobierno, demandó el decreto ante el Consejo de Estado —el máximo tribunal de la administración pública— pidiendo que se anule por considerarlo “regresivo e inconstitucional”.
