Por injerencia, Perú llamará a consulta a los embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia

“Con la señora Presidenta de la República hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú”, explicó la canciller Ana Gervasi. “Respecto de otros (países) que han expresado opiniones discordantes con lo que pasó constitucionalmente en el Perú, hemos decidido traer en consulta a los embajadores en esos países como expresión de la molestia por esa actitud que no se condice con el respeto mutuo”, agregó.

El pasado 12 de diciembre, tanto el gobierno de Argentina, como el de Colombia, además de Bolivia y México exhortaron a que se respetaran los resultados en las urnas y solicitaron a las instituciones públicas a que se abstuvieran de “revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.

“Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, precisa el comunicado conjunto.

Así mismo, el pronunciamiento de estos países pide a las autoridades peruanas que “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Castillo y que se le garantice la protección judicial”.

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En este sentido, Gustavo Petro presidente de Colombia, escribió en su cuenta de Twitter que “la crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano”.

En tanto que, Andrés Manuel López Obrador mandatario de México, reiteró en que se debe respetar la voluntad del pueblo que eligió a Castillo, “que ganó democráticamente, que no se lo puede destituir, aunque esté en la Constitución, porque tiene una falla de origen”.

Por su parte, la Cancillería peruana rechazó el comunicado conjunto, puntualizando que el hecho de que Castillo haya tomado la decisión “en contra al orden constitucional y democrático” de disolver el Congreso e “intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia” constituyen un “golpe de Estado”.

El ahora expresidente fue acusado por presuntos delitos de conspiración y rebelión delitos por los que podrían ser condenado a 10 años de cárcel.

Con información de la Agencia EFE y Voz de America.