Suspenden a la red social X en Brasil y estalla Elon Musk contra juez

Debido a que el propietario Elon Musk se negó a nombrar a un representante legal en el país, un juez del Supremo Tribunal de Brasil ordenó el viernes la suspensión de X.

Al respecto, el magnate propietario de X (antes Twitter) dijo que la suspensión de la red social en Brasil ha sido ordenada por “un seudojuez no electo” que está “destrozando con fines políticos la libertad de expresión, pilar de la democracia”.

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La acción agrava una disputa de varios meses entre ambos hombres respecto a la libertad de expresión, cuentas de usuarios de extrema derecha y desinformación.

El juez Alexandre de Moraes advirtió la noche del miércoles a Musk que X podría ser bloqueada en Brasil si no cumplía con su orden de nombrar a un representante, y estableció un plazo de 24 horas. La empresa no tiene un representante en el país desde principios de este mes.

En su decisión, De Moraes dio a los proveedores de servicios de internet y a las tiendas de aplicaciones cinco días para bloquear el acceso a X, y dijo que la plataforma permanecerá bloqueada hasta que cumpla sus órdenes. También indicó que las personas o empresas que utilicen redes virtuales privadas, o VPN, para acceder a X estarán sujetas a multas diarias de 50 mil reales (8 mil 900 dólares).

“Elon Musk mostró su total falta de respeto por la soberanía brasileña y, en particular, por el Poder Judicial, erigiéndose como una entidad supranacional e inmune a las leyes de cada país”, escribió De Moraes.

En este sentido, ordenó la suspensión “inmediata” hasta que “sean cumplidas” todas las órdenes judiciales y pagadas las multas millonarias impuestas a X.

Brasil es un importante mercado para X, que ha tenido problemas por la pérdida de anunciantes desde que Musk adquirió la plataforma, anteriormente conocida como Twitter, en 2022. El grupo de investigación de mercados Emarketer señala que alrededor de 40 millones de brasileños, aproximadamente la quinta parte de la población, accede a X por lo menos una vez al mes.

X publicó la noche del jueves en su página oficial de Asuntos Gubernamentales Globales que esperaba que X fuera suspendida por De Moraes “simplemente porque no cumplimos con sus órdenes ilegales de censurar a sus opositores políticos.

“Cuando intentamos defendernos en los tribunales, el juez De Moraes amenazó con enviar a la cárcel a nuestra representante legal brasileña. Aun después de que renunció, el juez congeló todas sus cuentas bancarias”, escribió la empresa. “Nuestras objeciones contra sus acciones manifiestamente ilegales fueron desestimadas o pasadas por alto. Los colegas del juez De Moraes en el Supremo Tribunal no quieren o no pueden hacerle frente”, agregó.

X ha tenido roces con De Moraes por rehusarse a cumplir las órdenes de bloquear a ciertos usuarios.

Entre las cuentas que la plataforma había cerrado anteriormente por órdenes de Brasil están las de legisladores afiliados al partido derechista del expresidente Jair Bolsonaro y activistas acusados de socavar la democracia brasileña.

Musk ha afirmado repetidamente que las acciones del juez equivalen a censura, y su argumento ha encontrado eco en la derecha política de Brasil. Ha insultado con frecuencia a De Moraes en su plataforma, caracterizándolo como dictador y tirano.

Ya el jueves Musk había calificado a De Moraes de “un malvado dictador disfrazado de juez”.

En sus mensajes de este viernes, continuó atacando al “régimen represivo de Brasil” que “tiene tanto miedo de que el pueblo conozca la verdad que quebrará a quienquiera que lo intente”.

Y en otra publicación señaló que “los ataques a la libre expresión en este año no tienen precedente en el siglo 20”, haciéndose eco de otro mensaje en el que se citaban medidas contra X en Brasil, Canadá y Francia.

Los defensores de De Moraes han dicho que sus acciones contra X han sido legales, que han estado apoyadas por la mayoría del pleno del tribunal y que han servido para proteger la democracia en una época en que está en peligro. Su decisión del viernes se basa en la ley brasileña que exige que las empresas extranjeras tengan representación en el país para que puedan ser notificadas cuando existan procesos legales contra ellas.

Con información de AP y EFE