Tribunal de Venezuela en el exilio condena a Maduro por corrupción
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El órgano se pronunció desde el Congreso de Colombia y desde allí advirtió que, adicional a la condena, Maduro debe pagar 35 millones de dólares al Estado venezolano como resarcimiento al delito del que se le acusa: lavado de dinero.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio condenó hoy al presidente de ese país, Nicolás Maduro, a 18 años y tres meses de prisión por delitos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht.
El órgano se pronunció desde el Congreso de Colombia y desde allí advirtió que, adicional a la condena, Maduro debe pagar 35 millones de dólares al Estado venezolano como resarcimiento al delito del que se le acusa: lavado de dinero. Adicionalmente, queda inhabilitado para ocupar puestos públicos.
"Aquí hay un ejemplo de que sí se puede condenar a los corruptos y rescatar el patrimonio que ha desaparecido de las arcas de nuestro país", indicó el magistrado Miguel Ángel Martín.
La ex fiscal exiliada Luisa Ortega, quien presentó múltiples pruebas, indicó que quedó satisfecha con la condena e instó a las fuerzas armadas de su país a detener a Maduro.
"Sí, quedo satisfecha con esta decisión, pero aún hay impunidad. Nicolás Maduro debe pagar por los delitos de secuestro, de genocidio. Esto no ha acabado. Es una sentencia oportuna porque abre el camino. Yo invito a las fuerzas militares venezolanas a que capturen a Maduro", dijo Ortega.
La ex fiscal fue la encargada de exponer la acusación y presentar a los testigos durante el juicio.
De igual forma, los togados en el exilio indicaron que el mandatario venezolano deberá cumplir su reclusión en el centro militar de Ramo Verde, ubicado en Los Teques, estado Miranda.
Por último, advirtieron que los organismos internacionales deben ayudar a que el dinero que escapó de Venezuela por casos de corrupción sea repatriado.
"El dinero que es nuestro, y que debería estar en nuestro país, está en el exterior. Y los organismos internacionales deben colaborar para repatriar esos recursos que están en manos de personas afuera relacionadas con delitos de corrupción", manifestó Martín.
En abril pasado, la ex fiscal Ortega anunció que Maduro estaba vinculado a casos de corrupción con la constructora brasileña y pidió a los militares que capturaran al mandatario.
"Las obras de Odebrecht nunca fueron terminadas ni evaluadas. Son un monumento a la corrupción (…) Maduro incurrió en delito de corrupción en su condición como Presidente de la República (…) Estamos frente a un consenso lucrativo", dijo Ortega en ese entonces.
La ex fiscal, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, afirmó que el Estado venezolano contrató al menos 13 obras con Odebrecht que jamás fueron terminadas. Entre ellas se encuentra un primer contrato por más de 200,000 millones de dólares para la construcción del puente sobre el Lago de Maracaibo.
En 2017 la Asamblea Nacional venezolana nombró 33 magistrados con el fin de hacer contrapeso a la rama judicial que tiene un apoyo mayoritario al Gobierno de Maduro. Sin embargo, el mandatario empezó una persecución en contra de los togados, por lo que varios de ellos pidieron asilo en otro países.
Desde países como Colombia, Chile, Estados Unidos y Panamá, los 33 magistrados continuan reuniéndose a través de videoconferencias para tomar decisiones. En octubre pasado tomaron juramento ante la OEA, cuando se decidió que el Tribunal Supremo de Justicia funcione formalmente en el exilio.
