La carga del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que durante tres décadas fue un ejemplo de solvencia económica y funcionamiento preciso, atraviesa desde hace tiempo una crisis que afecta a sus principales funciones, a saber: el cuidado de la salud de sus asegurados y el fondeo de las pensiones en sus diferentes modalidades.

A partir de 1997 –año en que Ernesto Zedillo rescató al Instituto de una posible insolvencia pensionaria mediante la creación de las Afores–, se establecieron dos clases de asegurados, es decir, los que se jubilarían a través del IMSS y quienes lo harían con su ahorro para el retiro. Hasta ahí, bien las cosas.

Para su sostenimiento, el IMSS recibe ingresos por parte de patrones, trabajadores y un subsidio gubernamental desde su fundación. En teoría, este sistema tripartito funcionaría con buenos resultados, al menos en el supuesto, para sostener a los hospitales, los medicamentos y las pensiones, de no ser por lo que sucede en el seno del mismo desde 2016.

En ese año, el gobierno de Peña Nieto decretó el servicio médico gratuito para todos los estudiantes de nivel medio, superior y posgrado. Esta obligatoriedad provocó una carga de atención médica de aproximadamente 6 millones de escolares, quienes tienen acceso a consultas, intervenciones quirúrgicas y fármacos sin realizar aportación alguna. Y siguen sumando.

Por otra parte, el Seguro Popular, creado por Vicente Fox para atender a millones de ciudadanos sin acceso al IMSS o ISSSTE, y continuado a través de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, fue primero modificado por AMLO, dizque por corrupción y mal manejo, para convertirse en un nuevo sistema llamado Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), un modelo que resultó un fracaso a pesar de la infraestructura que el primer programa había consolidado a través de la Secretaría de Salud.

La solución adoptada por el régimen primario de la 2T (pasó del PRI al PRD y del PRD a Morena) fue la más sencilla; lo desastroso fue trasladar a cerca de 9 millones de usuarios de los servicios del Seguro Popular –quienes tenían garantizada la cobertura de mil 663 servicios de atención y el suministro gratuito de medicamentos– hacia los programas directos del IMSS y del IMSS-Bienestar. Y si lleva usted la cuenta, van 15 millones de personas que tienen atención gratuita en el Seguro Social sin aportar ningún peso para su sostenimiento, como sí lo hacen los asegurados y los patrones.

Como se mencionó, el IMSS recibe ingresos de los trabajadores asegurados a través de las cuotas obreras y de los patrones en una mayor proporción, ya que deben integrar los salarios del empleado y además pagar lo referente al seguro de enfermedades y riesgos, así como a las guarderías (digamos que entre un 30 y 36 por ciento del salario); y las transferencias del Gobierno Federal a través del presupuesto de egresos, que este año asciende a 1.59 billones de pesos y a 172.4 mil millones para el IMSS-Bienestar.

No obstante, la carga financiera derivada de gastos no previstos, como el de los usuarios sin ingresos, ha provocado un déficit presupuestal de 175 mil millones de pesos, es decir, una cifra superior a la asignada para el IMSS-Bienestar. Esta insuficiencia pega en todos los aspectos de atención en los hospitales, sobre todo en lo que hace al surtimiento de medicamentos, programación de análisis químicos, estudios radiológicos y consultas. Como consecuencia, los usuarios con enfermedades crónicas deben esperar más días por sus consultas mensuales, un escenario agravado por la saturación diaria de pacientes sin cita, que se aglomeran día con día en las clínicas, y la postergación de intervenciones quirúrgicas, en las que llevan mano las urgencias.

Y tal vez la imagen que a la fecha tiene el sector salud en su conjunto pudiera ser valorada en su tamaño y esfuerzo, si no fuera por ese “trafique” de medicamentos que nos endilgó AMLO y sus mañosos hijos, además de las declaraciones populistas del expresidente, presumiendo mejores servicios de salud que en Dinamarca. Cada día se acercan más al hilo de la madeja que involucra a sus vástagos en el manejo de fármacos a precios inflados.

Por otra parte, para acabar con el cuadro, un factor adicional de naturaleza política deriva de la falta de experiencia del comité ejecutivo del Sindicato del IMSS, electo hace apenas un año. Actualmente, esta dirigencia negocia la revisión del contrato colectivo de trabajo en un escenario complejo, caracterizado por un garapiñado de categorías laborales y, además, ante la posibilidad de que surjan coaliciones disidentes con el 33 por ciento de los trabajadores sindicalizados. De ahí las protestas en calles, plazas y en los mismos hospitales.

Se trata de una paradoja porque, ¿de qué manera se va a tratar a los “héroes con cubrebocas” que salvaron vidas en la pandemia ante los paupérrimos ingresos de un gobierno obligado a pedir prestado por su irresponsable administración de los recursos del pueblo? Resulta que esta carga es más pesada que el tiempo y pondrá a prueba no sólo la habilidad de negociación, sino la verdadera intención de remediar a fondo el destino del IMSS. Es cuanto.