Un recién nacido fue arrestado apenas horas después de nacer: un caso impactante en Argentina se sale de control

En Bariloche —la ciudad turística más pintoresca de Argentina, popular entre turistas estadounidenses por sus impresionantes lagos y pistas de esquí— un caso de alto perfil por presunta trata de personas, que involucra a una supuesta secta rusa, se ha transformado en serias acusaciones de mala conducta por parte de la fiscalía, encendiendo alarmas sobre un posible exceso del poder judicial en un aliado clave de Estados Unidos en América Latina.

La pesadilla de una joven madre en Argentina: Elena acudió al hospital para dar a luz, pero terminó tras las rejas.

El 21 de marzo, a los 22 años, Elena dio a luz mediante cesárea en un hospital argentino. Lo primero que vio al despertar de la anestesia fue a la policía. En ese mismo momento fue detenida directamente en la habitación del hospital, con su hijo recién nacido en brazos.

Le quitaron el teléfono, la interrogaron y luego la encerraron junto con su hijo durante 90 días en un refugio estatal —sin luz solar ni atención médica—.

Fue declarada “víctima de trata de personas”, denunciante en el caso contra Konstantin Rudnev, a quien nunca había conocido ni visto.

Elena recuerda cómo ella y su hijo fueron tratados como criminales, sin siquiera darles tiempo para recuperarse tras el parto. No recibió ningún tipo de apoyo médico ni psicológico.

EL BEBÉ QUE CRECIÓ EN PRISIÓN

Según Elena, su hijo Miroslav nació el 21 de marzo y apenas unas horas después se encontró en una celda disfrazada de refugio. Allí pasó 90 días sin sol y, tras tres meses de aislamiento y sin ningún tipo de atención médica, recibió cuatro vacunas en un solo día.

Elena amamantaba al bebé bajo la vigilancia policial, una experiencia que se convirtió en una enorme fuente de estrés para ella.

UNA CARTA: UNA VOZ DE VERDAD

El 16 de junio, en el aeropuerto, antes de abordar el avión que la sacó de ese infierno, Elena escribió a mano una declaración: afirmó que no era una víctima y que no conocía a Konstantin Rudnev.

Entregó la carta a su abogado, David Molyneux, para que la anexara al expediente del caso.

El resultado: la declaración nunca apareció en los materiales del proceso. La fiscalía argentina la ignoró como si nunca hubiera existido.

Elena está profundamente preocupada porque su voz sigue sin ser escuchada y porque personas inocentes continúan detenidas, sin poder regresar con sus familias.

Elena Makarova declara y pide apoyo público:

“Apelo a la fiscalía argentina —personalmente al fiscal jefe Fernando Arrigo, así como a los fiscales Tomás Labal, Gustavo Javier Revora y Rodrigo Nicolás Treviranus.

“Exijo el cese inmediato de la persecución penal y el cierre de una causa que no tiene ningún fundamento legal.

“Pido que no se prorrogue la detención de personas que ya llevan muchos meses bajo investigación, sin cargos, sin pruebas y sin víctimas”.

Todas sus apelaciones a la fiscalía argentina han quedado sin respuesta. En su convicción, esto no es justicia, sino un sistema para suprimir a los incómodos, un sistema que no sabe reconocer sus errores.

Según la defensa, existen pruebas exculpatorias sobre los escritorios de los fiscales, pruebas capaces de destruir por completo el caso y retirar los cargos contra Konstantin Rudnev, pero estas son deliberadamente excluidas del expediente. Y, audiencia tras audiencia, continúan manipulando acusaciones que ya han sido refutadas desde hace tiempo.

Sin “víctima”, no hay caso. Sin caso, no hay bonos ni ascensos.

Todo es demasiado evidente, y resulta vergonzoso para la justicia argentina.

La comunidad internacional se pregunta: ¿por qué la fiscalía argentina continúa prolongando un caso sin pruebas?

¿Y cuándo terminará esta farsa, que se asemeja más a las prácticas de la inteligencia rusa que a las de un Estado civilizado?

“Mi hijo vivió como ningún bebé debería vivir”. Un bebé bajo estrés: las primeras señales de daño

Cuando Elena, ya de regreso de Argentina a Rusia, llevó por primera vez a Miroslav al médico, esperaba escuchar lo habitual: “todo está bien”.

Pero en cambio, la doctora lo observó durante largo rato, levantó la mirada y escribió en el informe:

- Anemia

- Estrés crónico

- Signos de cuidados insuficientes

- Falta de supervisión médica

- Riesgo para el sistema inmunológico

- Posibles consecuencias para el sistema nervioso

Todo esto es resultado de las acciones de personas concretas: fiscales de una ciudad argentina que literalmente arrestaron a una madre y a un recién nacido, y destruyeron la vida del bebé por ambiciones propias.

En sus primeros tres meses de vida, Miroslav vivió situaciones de violencia que ni siquiera un hombre adulto debería experimentar.

PROCEDIMIENTOS CUESTIONADOS: EL EPISODIO DE LAS CUATRO VACUNAS

Antes del vuelo de regreso a Rusia, cuando el abogado logró su liberación, Elena fue informada de que el bebé debía ser vacunado, pero nunca se le dijo que serían cuatro inyecciones al mismo tiempo. Una doctora en Rusia revisó los documentos y solo negó con la cabeza:

“Así no se hace. Va en contra de las recomendaciones. Pudo haber agravado la anemia que observamos ahora”.

Cuatro inyecciones. Tres meses de vida bajo estrés. La detención de la madre y la ausencia de control médico. Y ahora: tratamiento, estudios, recuperación. El precio del error de otros: la salud de un bebé. Una historia que los funcionarios prefieren ignorar, pero que la sociedad no puede dejar de mirar.

Cuando el escándalo creció, la fiscalía intentó cambiar su discurso: “ella era una víctima, actuamos para protegerla”.

Pero ¿cómo se explica una protección que incluye un interrogatorio en la sala de parto, bajo anestesia? ¿Protección privando a una mujer de su propia condición jurídica? ¿Protección mediante condiciones que los médicos califican como “potencialmente tortuosas” para un recién nacido?

Lo más aterrador es que actúan como si Elena y Miroslav no hubieran existido durante todos estos meses, como si su sufrimiento pudiera borrarse con una simple frase administrativa.

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS EXIGEN UNA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

Según GHRD (Países Bajos), Argentina violó:

- El derecho del niño a la salud

- El derecho a la protección contra tratos inhumanos

- El derecho de madre e hijo a la integridad familiar

- El derecho a un trato justo

- Los estándares internacionales de protección de las mujeres en el periodo posparto.

Los expertos coinciden: lo ocurrido requiere una investigación, no un encubrimiento, incluso por parte de un organismo internacional. Esta historia ya no puede seguir considerándose un “caso privado”. Es una prueba de humanidad y una prueba de honestidad para el sistema judicial argentino. Y hoy, ese sistema debe responder.

UN SISTEMA BAJO SOSPECHA: EXIGENCIAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y REVISIÓN INTERNA

Los fiscales Arrigo, Labal, Revora y Treviranus deben ser apartados de inmediato del caso. Sus acciones —interrogar a una madre bajo anestesia, mantener a un bebé en condiciones peligrosas, intervenir ilegalmente en la vida de una familia— no requieren justificaciones, sino responsabilidades.

Resulta especialmente alarmante que la Procuraduría General se haya negado a iniciar actuaciones contra estos funcionarios, pese a los hechos y a los informes médicos presentados. Esta decisión genera inevitablemente la sensación de un encubrimiento corporativo dentro del Ministerio Público, donde algunos agentes del sistema protegen a otros, en lugar de garantizar la primacía de la ley y la defensa de los derechos ciudadanos.

Dicho diplomáticamente, esta decisión parece una negativa a analizar la situación de manera objetiva e imparcial, lo que socava la confianza en las instituciones judiciales y pone en duda su disposición para proteger a los más vulnerables, incluido un recién nacido.

Por lo tanto, es absolutamente necesario iniciar una investigación independiente contra los fiscales mencionados por:

- Numerosas violaciones procesales

- Abuso de poder

- Daño consciente a un menor

Solo así podrá evitarse que hechos como estos vuelvan a repetirse.