Una juez ordena que vuelva a EU un hombre deportado en riesgo de tortura en México
El fallo fue el más reciente revés legal a la campaña de deportación masiva del presidente Trump en un momento en que los funcionarios del gobierno enfrentan presión de su base para acelerar las expulsiones
NUEVA YORK- Había sido enviado de vuelta a su país de origen después de ayudar a las autoridades federales al testificar contra cárteles mexicanos de la droga.
Una jueza federal ordenó al gobierno de Donald Trump que trajera de regreso de inmediato a un hombre mexicano que fue deportado este mes, pese a haber demostrado ante un tribunal migratorio que probablemente enfrentaría tortura en México.
El hombre, de casi 50 años y a quien los documentos judiciales identifican únicamente como John Doe, ayudó a las autoridades estadounidenses al brindar testimonio contra los cárteles de drogas mexicanos.
El hombre aportó información a las fuerzas del orden estadounidenses que ponía su vida y la de sus familiares en un “riesgo significativo”, según la orden emitida el viernes por la jueza Stephanie Gallagher, en Maryland. El tribunal determinó que la revocación por parte del gobierno de las protecciones que impedían su expulsión “probablemente violó sus derechos al debido proceso”, y excedió la autoridad legal del gobierno.
El director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) procedió a revocar sus protecciones luego de que el Departamento de Estado recibió garantías diplomáticas por parte del gobierno mexicano de que el hombre no sufriría ningún daño, según información de antecedentes del caso incluida en la orden de la jueza.
El fallo fue el más reciente revés legal a la campaña de deportación masiva del presidente Trump en un momento en que los funcionarios del gobierno enfrentan presión de su base para acelerar las expulsiones.
The New York Times reportó este mes que el departamento se valió de una facultad poco común este verano para deportar a un grupo de ciudadanos mexicanos cuya expulsión había sido bloqueada debido a la preocupación de que serían torturados si volvían a su país de origen, argumentando que contaba con garantías diplomáticas del gobierno mexicano de que los deportados no sufrirían daño alguno al regresar.
Pero en su fallo, Gallagher afirmó que había un “inmenso interés público en garantizar que las personas que arriesgan su seguridad personal para ayudar al gobierno a enjuiciar actos ilícitos no sean puestas en peligro por la misma entidad a la que ayudaron”.
El Departamento de Seguridad Nacional y el gobierno mexicano no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Anna Tijerina, abogada de inmigración que representa al hombre, dijo el lunes que él todavía no había sido devuelto a Estados Unidos, y que el proceso podría tomar varias semanas.
“Su vida corre riesgo en México, y deportar a alguien sin una oportunidad significativa de conocer esas garantías diplomáticas o impugnar la cancelación va en contra de sus derechos”, dijo Tijerina.
La orden de la jueza detallaba los repetidos esfuerzos que realizaron los funcionarios del gobierno para intentar deportar al hombre, a quien buscaron expulsar varias veces en el transcurso de un mes.
Hace dos años, un juez de inmigración le había concedido al hombre un “aplazamiento de expulsión” en virtud de la Convención Contra la Tortura. Vivía en Maryland hasta que fue detenido en enero durante un chequeo rutinario con el ICE.
Pasó seis meses en un centro de detención en Luisiana antes de que las autoridades federales lo enviaron a Guatemala el 10 de julio, según la orden. Pero las autoridades guatemaltecas lo rechazaron y lo llevaron ante un funcionario consular mexicano en Guatemala para devolverlo a su país de origen.
No obstante, al enterarse de su protección, el funcionario consular le informó al hombre que en cambio sería devuelto a Estados Unidos.
Unos cinco días después, el gobierno estadounidense presuntamente lo expulsó directamente a México, pero las autoridades mexicanas se negaron a aceptarlo. Luego fue devuelto a Estados Unidos, según la orden.
Más tarde, el 21 de julio, el gobierno de Trump “presuntamente” le notificó la cancelación de su aplazamiento de expulsión, después de que el Departamento de Estado recibió garantías diplomáticas del gobierno mexicano de que no sería torturado si volvía al país, según la orden. Tijerina, su abogada, afirmó que él no tiene ningún recuerdo de haber recibido la notificación de cancelación.
El director interino del ICE, David Venturella, y el secretario de Estado, Marco Rubio, habían “consultado y determinado que estas garantías eran fiables”, indicaba la orden.
Era una medida inusual por parte del gobierno federal. Por lo general, los funcionarios que buscan despojar a alguien de sus protecciones contra la deportación lo solicitan a un juez de inmigración, lo que le permite a la persona afectada argumentar para que se le permita permanecer en el país.
El 1 de agosto, el gobierno federal deportó al hombre a México, donde ha estado escondido por temor a que “los cárteles sobre los que brindó información lo encuentren y lo torturen o lo maten antes de que pueda volver a Estados Unidos”, según la orden. El hombre fue enviado a una región de México donde hay “operación activa de cárteles” sin su dinero ni sus pertenencias. Ha estado valiéndose de la ayuda de desconocidos mientras trata de permanecer escondido, señalaba la orden.
La jueza también señaló que si el hombre es detenido, debe permanecer dentro de un radio de 200 millas o 322 kilómetros del tribunal en Baltimore, y contar con acceso razonable a sus abogados.
La decisión se produjo tras una serie de casos en los que jueces federales han ordenado al gobierno de Trump traer de vuelta a personas que fueron deportadas indebidamente.
El año pasado, Kilmar Armando Abrego Garcia, inmigrante salvadoreño, fue expulsado indebidamente de Maryland, pese a un fallo previo de un juez de inmigración estableció que no podía ser deportado a El Salvador porque enfrentaba un temor creíble de persecución. Aunque desde entonces ha sido devuelto a Estados Unidos, el gobierno ha dicho que quiere enviarlo a Liberia. Sus abogados están combatiendo ese esfuerzo en los tribunales.
En marzo, un juez federal ordenó al gobierno estadounidense traer de vuelta a una mujer de California que había vivido en el país por más de 27 años y había sido deportada a México, pese a contar con protecciones a través del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA.
Y unos dos meses después, otro juez federal dictaminó que el gobierno de Trump muy probablemente había violado la ley al deportar a una mujer colombiana a la República Democrática del Congo, pese a la negativa de ese país a recibirla.
