Julio Scherer está bajo la lupa de la FGR por ocultar propiedades: El País
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El abogado habría ocultado información a la Secretaría de la Función Pública
CDMX.- Un reportaje del diario español El PAÍS arroja que el consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde mayo de 2022.
De acuerdo con el artículo el exconsejero ocultó siete casas y departamentos de lujo en la declaración patrimonial qe presentó a la Secretría de la Función Pública.
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La denuncia presentada por el abogado Paulo Díez Gargaria en contra de Julio Scherer acreditó que el exfuncionario ocultó este patrimonio valuad en 70.7 millones de pesos.
La FGR sostiene que el señalado pudo haber incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
“Estas nuevas revelaciones sobre el patrimonio inmobiliario del exconsejero presidencial se suman a la filtración, en octubre de 2021, de documentos que dieron cuenta de que también poseía un lujoso departamento de 1.2 millones de dólares en Miami a través de una estructura corporativa offshore”, menciona el reportaje.
En respuesta al rotativo español, el abogado afirmó que este asunto es un episodio más de una campaña que se emprendió en su contra para desacreditarlo. “Nada de lo que ahí se menciona tiene validez alguna, toda vez que se presentaron los documentos a tiempo y se actuó con total transparencia y legalidad. Desafortunadamente la política nos llevó a estas cosas”, contestó.
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Fuentes cercanas afirmaron al medio que Scherer transfirió las propiedades investigadas por la FGR a un fideicomiso “para sus hijos”, el cual fue creado el 28 de febrero de 2019, tres meses después de su designación como consejero en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En otra carpeta de investigación la Fiscalía lo acusa de utilizar su cargo público para detener sanciones del Gobierno a la compañía constructora OHL con la que él y familiares suyos tenían, según la investigación, conflictos de interés laborales y económicos.
Una tercera investigación, contra un grupo de abogados con los que el exconsejero tuvo negocios en despachos privados, apunta a que el exfuncionario brindó información privilegiada que fue usada para extorsionar a empresarios, litigantes y exfuncionarios. En este caso la autoridad judicial señaló que la FGR no aportó suficientes elementos para probar la responsabilidad de los acusados.
Con información de El País
