¿La elección de jueces mejorará los tribunales mexicanos o los politizará?

El jueves se produjo un cambio histórico en México cuando la mayoría de sus 32 estados aprobaron una amplia modificación al sistema judicial del país. En un cambio monumental, miles de jueces —desde los juzgados locales hasta la Suprema Corte de Justicia— serán elegidos en lugar de nombrados.

La medida podría dar lugar a una de las revisiones judiciales de mayor alcance que se hayan llevado a cabo en cualquier gran democracia y ya ha provocado una profunda división en México.

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Sin embargo, la aprobación de la ley era prácticamente un resultado inevitable el jueves, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de publicar el proyecto el domingo, en vísperas del Día de la Independencia de México.

“Es una reforma importantísima”, dijo López Obrador, cuyo mandato de seis años termina a finales de mes, durante su conferencia de prensa diaria. “Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes”.

El presidente saliente y su partido Morena han defendido el rediseño del sistema judicial como una forma de reducir la corrupción, el tráfico de influencias y el nepotismo y brindar a los mexicanos una mayor voz. La sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo el 1 de octubre y ha respaldado plenamente el plan.

Sin embargo, trabajadores del sector judicial, jueces, juristas y líderes de la oposición sostienen que no abordaría adecuadamente cuestiones como la corrupción y, en cambio, reforzaría el movimiento político de López Obrador.

Esto es lo que hay que saber sobre la medida.

¿Por qué algunos mexicanos apoyan la elección de jueces?

El sistema de justicia de México, al igual que otras ramas del gobierno, ha estado durante mucho tiempo plagado de corrupción y otros problemas. Según encuestas del gobierno, el 66 por ciento de los mexicanos percibe que los jueces son corruptos, aunque los datos oficiales sobre cuántos de ellos han sido sancionados por corrupción son escasos.

En Estados Unidos, donde los votantes eligen a los jueces en muchos de los estados, algunos jueces afirman que los nombramientos judiciales pueden fácilmente caer presa de caprichos políticos y que las elecciones pueden incluso ayudar a aumentar la diversidad en las judicaturas. Las investigaciones sugieren, sin embargo, que la diversidad inadecuada es un problema tanto cuando los jueces son elegidos como cuando son nombrados.

Los defensores del plan afirman que reduciría la corrupción y daría a los votantes un papel más importante en un sistema judicial ampliamente considerado como malogrado. López Obrador ha dicho que las elecciones evitarían que los jueces fallaran a favor de personas poderosas para asegurarse favores.

“El juez va a tener un comportamiento distinto”, dijo a los periodistas esta semana. “Va a estar ahí en ese cargo por voluntad de los ciudadanos y se va a sentir libre para poder impartir justicia, no va a tener compromisos con nadie”.

También está la cuestión del nepotismo, que tanto partidarios como detractores de la modificación coinciden en que es un problema importante en el sistema judicial. Una evaluación reciente reveló que alrededor del 37 por ciento de los funcionarios del poder judicial tenían al menos un familiar trabajando en la judicatura (un descenso de unos 12 puntos porcentuales desde 2021).

Un sistema en el que los jueces sean elegidos, dicen los defensores del plan, haría más difícil que los jueces obtuvieran puestos en la judicatura a través de familiares. En su lugar, tendrían que demostrar sus cualificaciones a los votantes. Sin embargo, la mayoría de las relaciones familiares en las judicaturas abarcan a trabajadores de otras áreas de los tribunales, no a jueces, que no serían elegidos.

Por último, la medida separaría al poder judicial de su órgano de supervisión, el Consejo de la Judicatura Federal. En la actualidad, la presidenta del Consejo —que, entre otras funciones, nombra a los jueces federales y los sanciona— es también la presidenta de la Suprema Corte. Eso hace imposible la carga de trabajo, dicen los expertos, y además introduce sesgos.

“Cuando tienes a alguien que hace las dos funciones, inevitablemente hay un problema de conflicto de interés”, dijo Sergio López Ayllón, profesor de derecho que ha asesorado a instituciones como el Senado mexicano y la Corte Suprema.

Como ejemplo, López Ayllón citó a Arturo Zaldívar, ex presidente de la Suprema Corte y presidente del Consejo de la Judicatura, quien a principios de este año fue acusado de utilizar su posición para destituir e intimidar a jueces que no fallaban como él quería. Zaldívar, quien está siendo investigado por la Suprema Corte, ha negado las acusaciones.

¿Por qué otros en México se oponen a la elección de jueces?

El mayor temor entre los expertos y algunos ciudadanos es que con la iniciativa se pierda la independencia judicial y los tribunales se politicen en gran medida. Dado que la medida elimina los numerosos requisitos para convertirse en juez, los críticos temen que abra el camino para que personas con solo una licenciatura en Derecho y unos pocos años de experiencia jurídica se presenten a las elecciones.

Esto es especialmente relevante en los tribunales de distrito, por ejemplo, donde según el sistema actual los futuros jueces son nombrados tras pasar una serie de pruebas “súper difíciles” que se exigen para obtener una plaza, dijo Adriana García, asesora experta del laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford.

“Estamos pasando de un momento en el que estamos escogiéndolos por sus méritos y capacidades a uno en el que los vamos a escoger con base en su popularidad”, dijo.

Si un partido político controla las ramas clave del gobierno, como lo hace Morena ahora, las elecciones de los candidatos judiciales podrían sesgarse a favor de los intereses del partido, dicen los críticos. Los candidatos a altos cargos judiciales podrían convertirse en poco más que aliados leales, comprometiendo la imparcialidad de los tribunales.

Los que se oponen a la medida también han expresado su alarma ante la posibilidad de que partidos políticos y fondos ilícitos, incluidos los procedentes de grupos de delincuencia organizada, influyan en las elecciones.

Aunque el plan prohíbe la financiación pública o privada de las campañas judiciales y prohíbe a los partidos políticos y a los funcionarios públicos hacer campaña a favor de los candidatos, García dijo que esto sería difícil de aplicar y que le preocupaba que los que tengan más dinero y poder propongan a su juez.

Además, los votantes tendrían la ardua tarea de conocer a todos los candidatos. Los cambios se aplicarían a los 11 magistrados que componen actualmente la Corte Suprema, a 1635 jueces y magistrados federales y a más de 5700 jueces a nivel estatal y local. Un votante medio podría tener que examinar entre cientos y miles de candidatos.

Tanto a los expertos como a los ciudadanos les preocupa que el mero volumen de candidatos abrume a los votantes, que a menudo tienen poca información sobre los candidatos que figuran en la papeleta. También preocupa cada vez más la posibilidad de que la participación en las elecciones caiga en picada, ya que los ciudadanos estarían demasiado confundidos o poco comprometidos para elegir con conocimiento de causa.

¿Qué pasará después?

Ahora que la mayoría de las legislaturas estatales han aprobado el proyecto de ley, la Cámara Baja del Congreso lo enviará a López Obrador, y se espera que lo publique en el boletín oficial del gobierno. Dijo que tenía intención de hacerlo el domingo, un día antes del Día de la Independencia de México.

El Congreso podrá entonces hacer los ajustes a las leyes federales que requiera la medida, como eliminar los fondos para la jubilación de los ministros. El Senado emitiría luego una convocatoria para los candidatos a las miles de magistraturas que hay en todo el país. Y el organismo electoral mexicano tendría que empezar a organizar las elecciones judiciales. En algún momento, las legislaturas estatales modificarían sus constituciones locales.

El plan es que los votantes elijan el próximo mes de junio a todos los ministros de la Corte Suprema, cuyo número se reduciría a nueve; a los miembros del recién creado Tribunal Disciplinario; y a aproximadamente la mitad de los 7000 jueces del país, eligiéndose al resto en 2027. Se trata de una empresa que ya ha sido calificada de poco realista.

“La geografía judicial no es igual a la electoral, las boletas electorales nunca contienen tantos nombres”, dijo Carla Humphrey, integrante del Consejo Rector del Instituto Nacional Electoral.

Algunos críticos de la medida esperaban que cuando Sheinbaum, quien ganó la presidencia en junio, sustituyera a López Obrador el mes próximo, tomaría medidas para moderar o frenar los cambios radicales en el sistema judicial. Pero hasta ahora no ha mostrado ninguna intención de hacerlo.

“No hay posibilidad de echar para atrás la reforma”, dijo Sheinbaum a los periodistas este mes. “Esa fue la decisión del pueblo de México”.