La FGR pidió a juez dejar sin efecto 21 órdenes de aprehensión por caso Ayotzinapa, a favor de militares y funcionarios
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A petición de la FGR, un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos –militares, 16 de ellos– por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió la cancelación de al menos 21 de las 83 ordenes de aprehensión en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Así lo da a conocer este domingo el diario El País, que tuvo acceso a documentación que demuestra que el juez que conoció de estas peticiones el pasado 7 de septiembre, dejó sin efecto las órdenes el 13 de septiembre.
Según el reporte del periodista Pablo Ferri, los documentos consultados y fuentes cercanas al caso “dibujan un conflicto” entre la fiscalía encargada del caso, que dirige Omar Gómez Trejo y la propia FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero.
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Asegura que las cancelaciones no fueron obra de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), encabezada por Gómez.
Señala que de las 83 órdenes de aprehensión existentes, solo se han ejecutado cuatro. El diario menciona que entre las órdenes canceladas están las de 16 militares acusados de delincuencia organizada, como la de el comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala en 2014, Rafael Hernández Nieto. Este militar, a diferencia de los otros 15, no fue acusado de desaparición forzada.
El juez del caso, con sede en Toluca, también canceló la orden de aprehensión contra el exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por el delito de delincuencia organizada.
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Proceso contra Murillo Karam, la causa de la ruptura
La razón de la ruptura de Gómez Trejo y Gertz Manero habría sido la causa en contra del exprocurador, Jesús Murillo Karam, menciona el diario.
Según esta versión, el fiscal Gertz estaba interesado en judicializar los señalamientos contra Murillo con prontitud. Sin embargo, la fiscalía del caso le pidió un plazo de un mes para hacerlo, a lo que el titular de la FGR no accedió y ordenó entonces a la Fiscalía de Asuntos Internos que presentara la acusación ante el juez.
Murillo Karam, quien fue detenido el pasado 19 de agosto, está acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia en el marco del caso Ayotzinapa.
Por esa razón, los fiscales de Asuntos Internos fueron regañados por el juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, en la audiencia inicial de Murillo. “Hay un desorden, no vienen debidamente preparados”, dijo el juez, cuando los fiscales no expresaron correctamente la modalidad de los delitos contra el exfuncionario.
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Las órdenes de aprehensión fueron solicitadas por la UEILCA el pasado 18 de agosto y el juez las concedió al día siguiente. Ese mismo día, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa en el que concluyó que se trató de un crimen de Estado en el que participaron autoridades de todos los niveles.
El informe, vuelto a presentar en la conferencia matutina del pasado 26 de agosto, señala la responsabilidad del comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, José Rodríguez, quien presumiblemente mandó matar a los seis normalistas que quedaban con vida unos días después de los sucesos.
El pasado 15 de septiembre, Rodríguez y otros tres militares fueron detenidos en el marco del caso. Se trata del capitán Crespo, quien dirigía la Fuerza de Reacción del 27 Batallón y está preso desde 2019, así como el sargento Eduardo Mota y el subteniente Alejandro Pirita.
El reportaje de Ferri llama la atención sobre la cancelación de la orden de aprehensión contra Ulises Bernabé, quien fue juez de barandilla en Iguala en el momento el que Crespo presentó a varios normalistas en dicho lugar. Bernabé ha negado este hecho y actualmente se encuentra asilado en Estados Unidos.
Entre las órdenes canceladas por el delito de desaparición forzada también se encuentran la de la expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana y la de dos exingenieros del Palacio de Justicia de Iguala y quienes, según la UEILCA, perdieron los videos de dicha localización, otro lugar clave en la desaparición de los normalistas.
Con información de Aristegui Noticias
