Legisladores desechan iniciativas a favor de periodistas
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Desde el 2000, Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de comunicadores; sin embargo, solo siete iniciativas para proteger a periodistas han sido avaladas por legisladores, esto es 93% de propuestas han sido desechadas, rechazadas o no han sido dictaminadas
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CDMX.- Del 2000 a la fecha, la Cámara de Diputados y el Senado han discutido 93 propuestas de ley para proteger a periodistas y a defensores de derechos humanos; sin embargo, 93 por ciento de las iniciativas fueron desechadas, rechazadas o están pendientes de dictaminación y únicamente 7 por ciento fueron avaladas.
De acuerdo con expertos, en México se legisla mucho, pero se protege poco. En ese periodo (2000–2022), la organización civil Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de comunicadores. De ese total, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha reconocido que 53 casos se dieron en este sexenio, de diciembre de 2018 a la fecha.
“La situación como la estamos viendo en este momento en México representa la consecuencia lógica y natural de muchos años de negligencia en el tema de la impunidad y en el de la protección a los periodistas.
“Es previsible que vamos a ver un aumento de la violencia porque hemos llegado un punto en el que los ataques criminales en México se están saliendo completamente de control”, puntualizó Jan Albert Hootsen, representante en México del Committee to Protect Journalists.
En los últimos 22 años se han impulsado 93 leyes en la materia; 60, en la Cámara de Diputados, y 33, en el Senado; sin embargo, de ese total sólo siete fueron aprobadas, siendo la más destacada la actual Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, avalada en 2012.
Dicha norma establece, entre otras, las medidas “para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las y los periodistas”.
Implementa medidas como la reubicación temporal, escoltas, protección de inmuebles, entrega de equipos de telefonía satelital e instalación de cámaras y cerraduras, entre otras, “para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios”.
“De esas 93 leyes, sólo tres han tenido un efecto notable, me refiero al mecanismo federal, al de la capital y a la comisión en Veracruz, las demás no han llevado un sistema aceptable”, indicó.
Entre las normas avaladas en la materia, se estableció como delito grave el homicidio y la desaparición de los periodistas, además de que se impusieron penas de cinco a 10 años de cárcel, así como multa de 300 a 3 mil días de salario mínimo “a quien atente, por vías de hecho físicas, psicológicas, violentas o económicas, en contra de los comunicadores”.
Entre las que se desecharon o quedaron en el tintero se encuentran al menos una veintena de propuestas para derogar la actual ley de protección y crear una nueva, así como para aumentar la pena punitiva a quien viole los derechos humanos de los comunicadores, reducir el tiempo para dotar de protección a quienes lo necesiten, extender la garantía de protección a hijos menores, castigar el espionaje cometido por el Estado en contra de defensores de derechos humanos y periodistas y garantizar el derecho a mantener en secreto las fuentes informativas, entre otras.
Emilio Álvarez Icaza, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, aseguró que el Mecanismo de Protección a Periodistas no sólo no funciona, sino que se han dado pasos para atrás, pues, externó, se desaparecieron los fideicomisos que garantizaban tener recursos para su óptima operación.
“En esta administración estamos viendo, dramáticamente, a periodistas bajo el mecanismo de protección que están siendo asesinados. (...) La CNDH es una absoluta omisión y el mecanismo está absolutamente colapsado y rebasado”, subrayó.
