Ley contra feminicidios: qué falta para que entre en vigor

La Secretaría de las Mujeres celebró la declaratoria de reforma constitucional al artículo 73, un paso fundamental para la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio en México. Esta medida busca fortalecer el marco legal para combatir la violencia feminicida y unificar criterios en todo el país.

La declaratoria fue emitida por el Congreso de la Unión tras recibir el respaldo de 27 congresos locales, lo que permite avanzar hacia la expedición de una ley que marcará un cambio estructural en la forma en que se investiga y sanciona este delito.

¿Qué falta para que la ley sea expedida?

Aunque el avance es significativo, el proceso aún no concluye. El Poder Legislativo cuenta con un plazo de 180 días naturales para elaborar, aprobar y publicar la Ley General.

Durante este periodo, se definirán los lineamientos específicos que deberán aplicar autoridades federales y estatales, lo que implica la armonización de leyes locales y la creación de protocolos homogéneos en todo el país.

Etapas pendientes clave

1. Elaboración del proyecto de ley

2. Discusión y aprobación en el Congreso

3. Publicación en el Diario Oficial de la Federación

4. Implementación a nivel nacional

¿Qué cambiará con la nueva Ley General contra feminicidios?

La futura legislación busca establecer un estándar nacional para la investigación y sanción del feminicidio, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Uno de los cambios más relevantes es que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse como feminicidio, lo que obligará a las autoridades a seguir protocolos especializados desde el inicio.

Además, la ley contempla sanciones más severas y reglas más estrictas:

- Penas de 40 a 70 años de prisión

- El delito no prescribirá

- Se perseguirá de oficio

- No habrá acceso a beneficios como indultos o amnistías

Ampliación de criterios y sanciones

La normativa también ampliará las razones de género que deben considerarse en las investigaciones. Entre ellas destacan:

- Antecedentes de violencia

- Relación de pareja o confianza con la víctima

- Violencia sexual o desaparición previa

- Contextos de desigualdad o subordinación

Asimismo, las penas se incrementarán en casos donde la víctima pertenezca a grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, integrantes de pueblos indígenas, periodistas o defensoras de derechos humanos.

Impacto en derechos y responsabilidades

Otro punto clave es que el agresor perderá derechos legales vinculados a la víctima, como la patria potestad o beneficios sucesorios. Además, el Estado asumirá la responsabilidad de la reparación integral del daño, incluyendo apoyo a familias y la creación de registros para menores en situación de orfandad por feminicidio.

Un paso hacia la transformación del sistema de justicia

La implementación de esta ley implicará que los tres órdenes de gobierno cuenten con fiscalías especializadas, personal capacitado y recursos suficientes para atender estos casos.

La Secretaría de las Mujeres tendrá un papel central al coordinar las políticas de prevención y el programa integral contra la violencia feminicida.

Este avance legislativo se enmarca en el compromiso del Estado mexicano por erradicar la violencia contra las mujeres. Aunque aún faltan pasos para su entrada en vigor, la futura ley representa una herramienta clave para fortalecer la justicia y avanzar hacia la igualdad sustantiva en el país.