Ley de Economía Digital: Gobierno de Sheinbaum busca acelerar los pagos electrónicos y reducir el uso de efectivo
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La iniciativa busca cerrar la brecha entre la infraestructura existente y su utilización efectiva, mediante mecanismos que permitan realizar pagos desde teléfonos celulares y aplicaciones financieras
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los principales alcances de la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una propuesta que busca transformar la manera en que las personas realizan pagos y cobran por bienes y servicios en México.
Durante la conferencia matutina de este jueves 24 de septiembre, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), explicó que el objetivo central es aprovechar la infraestructura financiera y tecnológica que México ya tiene disponible para incrementar el uso cotidiano de los pagos digitales.
La iniciativa busca cerrar la brecha entre la infraestructura existente y su utilización efectiva, mediante mecanismos que permitan realizar pagos desde teléfonos celulares y aplicaciones financieras de manera más sencilla.
PAGOS DIGITALES DESDE CUALQUIER APLICACIÓN FINANCIERA
Uno de los principales objetivos es que las personas puedan realizar transferencias y pagos digitales desde la aplicación de la institución financiera que utilizan, aprovechando sistemas que ya existen, como SPEI, CoDi y DiMo.
El SPEI permite realizar transferencias electrónicas prácticamente de manera inmediata, mientras que CoDi facilita los cobros mediante códigos QR y DiMo permite enviar dinero utilizando el número celular.
La propuesta pretende que estas herramientas tengan una utilización mucho más amplia en las actividades cotidianas.
La iniciativa también contempla que el Banco de México pueda establecer reglas para homologar la experiencia de los usuarios entre las distintas aplicaciones financieras que participan en estos sistemas.
MENOS EFECTIVO Y MÁS PAGOS ELECTRÓNICOS
Uno de los cambios más importantes que plantea el Gobierno es reducir gradualmente la dependencia del dinero en efectivo.
De acuerdo con Peña Merino, el problema de México no está necesariamente en la ausencia de infraestructura para realizar pagos digitales, sino en que esta todavía no se utiliza de manera masiva.
El efectivo continúa siendo predominante, particularmente en las operaciones de bajo monto: se ha señalado que 85% de las compras de hasta 500 pesos se realizan en efectivo.
La propuesta contempla que determinados sectores puedan transitar hacia esquemas en los que el pago digital sea el mecanismo principal.
Entre los sectores mencionados se encuentran las gasolineras y el pago de peaje en carreteras, aunque la transición sería gradual y estaría sujeta a reglas específicas.
Esto no significa que el efectivo vaya a desaparecer de inmediato en todo el país. La iniciativa contempla excepciones para situaciones de contingencia en las que no sea posible utilizar los medios electrónicos.
INCLUSIÓN FINANCIERA: DEL PAGO DIGITAL AL ACCESO AL CRÉDITO
Otro de los argumentos centrales de la iniciativa es que una mayor utilización de pagos electrónicos podría ayudar a ampliar la inclusión financiera.
El razonamiento del Gobierno es que las operaciones digitales generan información sobre los movimientos financieros de una persona. Esto puede contribuir a construir un historial financiero, que posteriormente facilite la evaluación para obtener determinados productos financieros o acceder a crédito formal.
La iniciativa también plantea eliminar algunas barreras regulatorias para facilitar el acceso a servicios financieros, especialmente para personas y pequeños negocios que actualmente operan principalmente con efectivo.
LA CURP DIGITAL TENDRÁ UN PAPEL IMPORTANTE
Uno de los elementos novedosos de la propuesta es el uso de la CURP Digital como mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros.
La iniciativa establece que las personas puedan utilizar la CURP Digital u otros mecanismos oficiales de identificación para contratar servicios financieros de manera remota, reduciendo la necesidad de acudir físicamente a una sucursal o presentar documentos en papel.
También contempla el uso del Expediente Digital Ciudadano como herramienta para disminuir trámites y procesos burocráticos.
COMERCIOS DEBERÁN PREPARARSE PARA RECIBIR PAGOS DIGITALES
La propuesta también establece obligaciones para los proveedores de bienes y servicios que decidan aceptar pagos digitales.
Entre ellas se contempla que deberán contar con la infraestructura necesaria, informar a los consumidores cuáles medios de pago aceptan y establecer mecanismos para atender fallas o contingencias que impidan realizar una operación electrónica.
En el caso del sector público, los tres órdenes de gobierno deberán avanzar en la habilitación de pagos digitales para trámites y servicios.
TAMBIÉN BUSCA IMPULSAR A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS
El Gobierno sostiene que la digitalización puede beneficiar particularmente a las micro y pequeñas empresas al reducir tiempos y costos asociados con las transacciones.
Al contar con medios electrónicos para cobrar, un negocio podría recibir pagos sin que el cliente y el vendedor tengan que encontrarse físicamente o depender de que el comprador lleve efectivo.
Además, la incorporación de las operaciones al sistema financiero puede facilitar la formalización de actividades económicas que actualmente se desarrollan principalmente en efectivo.
¿QUÉ PAPEL TENDRÁN HACIENDA, BANXICO Y LA CNBV?
La implementación de la propuesta involucraría a varias instituciones.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: tendría facultades para determinar determinados sectores en los que podrían establecerse esquemas de pago exclusivamente digitales.
Banco de México: tendría nuevas atribuciones relacionadas con transferencias, cuentas, interoperabilidad y mecanismos de pago.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores: participaría en la regulación y supervisión de las entidades financieras.
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones: tendría un papel central en el desarrollo de herramientas e infraestructura tecnológica.
Gobiernos federal, estatales y municipales: deberán avanzar en la incorporación de pagos electrónicos para trámites y servicios. El reto: conectividad y acceso
La iniciativa también reconoce que para que los pagos digitales funcionen de manera generalizada es necesario garantizar las condiciones de conectividad.
Peña Merino ha señalado que aproximadamente el 94% de la población cuenta con conectividad a telefonía celular e internet, y que el Gobierno busca ampliar esa cobertura. También se ha señalado que el acceso a internet en localidades rurales aumentó considerablemente entre 2017 y 2025.
Sin embargo, durante las discusiones en la Cámara de Diputados, representantes empresariales y legisladores plantearon que la transición debe realizarse gradualmente para evitar afectar a personas que todavía carecen de internet, cuentas bancarias, teléfonos inteligentes o conocimientos suficientes para utilizar estas herramientas.
UNA INICIATIVA QUE TODAVÍA DEBE SER DISCUTIDA POR EL CONGRESO
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos todavía no está vigente. La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo federal el 9 de septiembre de 2026 y actualmente se encuentra pendiente de análisis y dictamen en la Cámara de Diputados.
En términos generales, la propuesta busca que México avance hacia una economía en la que pagar, cobrar, identificarse y contratar servicios financieros sea cada vez más sencillo desde dispositivos digitales.
El Gobierno plantea que esto permitiría reducir costos y tiempos de transacción, favorecer la inclusión financiera, generar historiales que faciliten el acceso al crédito y promover la formalización de pequeñas empresas.
Al mismo tiempo, la discusión legislativa tendrá que resolver cómo realizar esa transición sin dejar atrás a las personas y comunidades que todavía dependen del efectivo.
En pocas palabras: la propuesta no consiste simplemente en “eliminar el efectivo”, sino en crear un marco para que los pagos digitales sean mucho más accesibles y utilizados en México, con una transición gradual hacia una economía menos dependiente del efectivo.
