Lista de cargos en contra de Rocha Moya y 9 funcionarios de Sinaloa por Estados Unidos

A las 18 horas del 28 de abril se compartió que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de su embajada en México, notificó al gobierno de México sobre 10 solicitudes de extradición.

Las solicitudes exigen que las autoridades de México pongan en prisión preventiva a 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluyendo al gobernador, Rubén Rocha Moya.

En las declaraciones iniciales se denunció que dichos funcionarios están involucrados con el cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos. Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que las denuncias de Estados Unidos no proporcionan suficiente evidencia para proceder con los arrestos, los documentos fueron entregados a la Fiscalía General de la República para determinar si la información compete con el sistema jurídico de México.

CARGOS EN CONTRA DE RUBÉN ROCHA MOYA Y LOS 9 FUNCIONARIOS DE SINALOA

En el documento que fue compartido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se enlistó a los denunciados, iniciando con el gobernador Rubén Rocha Moya, Enrique Inzuna Cazarez, Enrique Diaz Vega, Damasco Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contresa Nunez, Gerardo Merida Sanchez, Jose Antonio Dionisio Hipolito, Juan de Dios Gamez Mendivil y terminando con Juan Valenzuela Millan, también conocido como ‘Juanito’.

En las descripciones generales, se relaciona a cada uno de ellos con el crimen organizado, con el tráfico de drogas y con presuntas colaboraciones que resultaron en actos de violencia. En el documento, se les busca penalizar con una sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel. De manera individual, los cargos son:

*) Rubén Rocha Moya (gobernador de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Juan Valenzuela Millán (excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán): secuestro cuyo resultado terminó en muerte; conspiración de secuestro cuyo resultado terminó en muerte; conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida.

*) Enrique Inzuna Cazarez (senador de México y exsecretario general de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Enrique Díaz Vega (exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Damasco Castro Zaavedra (Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Marco Antonio Almanza Avilés (exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Alberto Jorge Contresa Núñez (exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Jose Antonio Dionisio Hipolito (exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Juan de Dios Gámez Mendivil (alcalde de Culiacán): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

En el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se denunció que ‘...Los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar sus actividades delictivas.

‘Ordenaron a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía del Estado de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos.

‘y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias. A cambio, los acusados recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico.

DENUNCIAN A ROCHA MOYA POR VINCULACIÓN CON LOS CHAPITOS

En el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se denuncia que el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, electo desde el 2021, ha tenido reuniones con miembros del cártel Los Chapitos y que presuntamente gracias a ellos fue nombrado gobernador.

Según las denuncias de las autoridades estadounidenses, tras ese supuesto apoyo electoral, el gobierno estatal de Sinaloa ha proveído protección, mientras realizan grandes operativos de narcotráfico hacia la frontera con los Estados Unidos. Aseguran que la protección es pagada con sobornos, provenientes de las ventas del narcotráfico.

Por igual, el documento ejemplifica que funcionarios, Damasco Castro Zaavedra y Juan Valenzuela Millán, recibieron sobornos mensuales de 11 mil y 1,600 dólares, respectivamente, para proteger a miembros del cártel, además de brindar información para obstaculizar operativos de los Estados Unidos.

FGR PIDE NO DIFUNDIR INFORMACIÓN DE LA EXTRADICIÓN

Tras los altos índices de enfoque mediático en la noticia relacionada con los funcionarios y Rubén Rocha Moya, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, denunció que divulgar la información podría poner en riesgo la extradición.

Desde sus redes sociales, Ulises Lara declaró que ‘...Lo anterior toma en cuenta, de acuerdo con la propia emisiva, que dar a conocer dicha información con otros fines distintos podría ser un detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en los Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan.’

Aseveró que los documentos, compartidos por las autoridades de los Estados Unidos, no tienen suficientes pruebas para ejecutar la extradición con solo la solicitud.

‘Solamente se conducirá la extradición si se determina que las pruebas son fuentes conforme a las leyes de la parte requerida, en ese caso de nuestro país’ agregó Ulises Lara.