8M: Activistas piden que el aborto salga del Código Penal

En el contexto de las actividades rumbo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, diversas activistas y defensoras de derechos reproductivos sostuvieron un conversatorio con medios de comunicación en el que advirtieron que, pese a los avances judiciales y legislativos, el aborto continúa siendo criminalizado en México.

Durante el encuentro, representantes de distintas organizaciones coincidieron en que el debate sobre el derecho a decidir no puede separarse de otros temas estructurales como la seguridad, la justicia, la economía y el acceso a la salud.

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Entre las participantes estuvieron Elida Caballero Cabrera, del Women’s Equality Center (WEC); Aide García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir México; así como Angie Contreras y Liz Mejorada, integrantes de la organización Mujeres Vivas y Libres.

Angie Contreras, vocera de la campaña Vivas y Libres, subrayó que el aborto no ha sido completamente despenalizado, ya que todavía figura como delito en distintos códigos penales. Explicó que esta condición genera no solo sanciones legales, sino también procesos de investigación y estigmatización social que dificultan que las mujeres accedan a servicios seguros.

Añadió que, aunque en varios estados del país se han logrado avances —lo que ha pintado de “verde” gran parte del mapa nacional—, persisten retrocesos o incumplimientos. Como ejemplo, mencionó Aguascalientes, donde el plazo legal para interrumpir el embarazo se redujo de 12 a seis semanas, y Guanajuato, que aún no ha armonizado su legislación conforme a los criterios de la Suprema Corte.

Por su parte, Aide García Hernández insistió en que la permanencia del delito de aborto en los códigos penales es el principal obstáculo para garantizar plenamente el derecho a decidir. De acuerdo con datos presentados por la activista, en 2025 había 63 mujeres en prisión o en espera de sentencia por interrumpir un embarazo, mientras que entre 2012 y 2025 se han abierto 2,169 denuncias por este motivo.

La directora de Católicas por el Derecho a Decidir planteó que el siguiente paso debe ser eliminar por completo el delito de aborto del Código Penal, comenzando por la Ciudad de México, donde el procedimiento es legal por plazo desde hace 18 años.

En tanto, Elida Caballero Cabrera reconoció el papel de México en la región tras la resolución de la Suprema Corte en 2023, la cual calificó como un momento clave en la protección de los derechos reproductivos. Sin embargo, advirtió que hablar de despenalización plena resulta impreciso cuando el acceso al servicio depende del lugar de residencia y de la capacidad económica de las mujeres, lo que describió como una forma de “criminalizar la pobreza”.

También señaló que mantener el aborto como delito en distintas legislaciones estatales y federales genera incertidumbre jurídica, tanto para las mujeres como para el personal de salud, sobre cuál normativa debe prevalecer.

Las especialistas recordaron además que cuatro de cada diez mujeres que acceden a servicios de interrupción del embarazo en la Ciudad de México provienen de otros estados, lo que evidencia las desigualdades territoriales en el acceso.

Finalmente, las participantes coincidieron en que la despenalización por sí sola no es suficiente. Consideran que el paso pendiente es eliminar definitivamente la tipificación del aborto como delito, para garantizar el derecho pleno a la salud reproductiva y consolidar a México como referente regional en la materia.