A siete años de la tragedia, suman 11 sanciones contra servidores públicos por caso Rébsamen

México
/ 21 septiembre 2024

La Secretaría de la Contraloría ha impuesto 11 sanciones de inhabilitación a servidores públicos involucrados

A siete años del trágico colapso del Colegio Enrique Rébsamen, que ocurrió durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General capitalina ha informado la integración de procedimientos de responsabilidad que derivaron en 11 sanciones de inhabilitación a servidores públicos involucrados en el caso.

Estas sanciones reflejan la respuesta de las autoridades ante lo que se ha considerado como graves omisiones en la supervisión y regulación de inmuebles en la ciudad, particularmente en uno que cobró la vida de 26 personas, incluyendo 19 niños.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de la Contraloría, las 11 sanciones impuestas se dividen en dos categorías: seis fueron aplicadas por la misma Secretaría, mientras que cinco adicionales fueron emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, al haberse calificado como faltas graves.

Estas sanciones se han dirigido hacia diversos servidores públicos que, en su momento, ostentaban cargos de responsabilidad en la supervisión y cumplimiento de normativas relacionadas con la seguridad estructural y operativa del colegio.

$!El 25 de septiembre de 2018 cotinuaron los trabajos de demolición del colegio Enrique Rebsamen, en la delegación Tlalpan, el cual colapsó el 19 de septiembre de 2017 causando la muerte de 19 infantes.

ESTADO PROCESAL DE LAS SA

Actualmente, de las 11 sanciones impuestas, tres de ellas ya han quedado firmes, mientras que ocho se encuentran en proceso de impugnación:

Sanciones firmes:

- Dos inhabilitaciones por un periodo de 20 años.

- Una inhabilitación por un periodo de un año.

Sanciones en proceso de impugnación:

- Una inhabilitación por un año.

- Tres inhabilitaciones por 20 años.

- Dos inhabilitaciones por 10 años.

- Dos inhabilitaciones por 5 años.

Estos procesos aún en trámite reflejan el prolongado curso judicial y administrativo que se ha seguido para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.

RESPONSABLES SANCIONADOS

Las sanciones de inhabilitación han sido impuestas a servidores públicos de diversas dependencias, cuya responsabilidad directa o indirecta está relacionada con el colapso del inmueble y las graves consecuencias que trajo consigo. Los sancionados pertenecían a la Delegación Tlalpan, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Las sanciones se han distribuido de la siguiente manera:

Delegación Tlalpan:

- Un Director General.

- Un Encargado de Despacho de la Dirección General.

- Un Director Jurídico.

Instituto de Verificación Administrativa (Invea):

- Un Director de Área.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México:

- Un Agente del Ministerio Público Supervisor.

- Un Agente del Ministerio Público.

Secretaría de la Contraloría General:

- Dos Directores de Área.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi):

- Un Director General.

- Un Director de Área.

$!La mañana del 24 de septiembre de 2018 E la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) comenzó la segunda etapa de demolición del Colegio Enrique Rébsamen

AVANCES EN EL CASO RÉBSAMEN

A lo largo de estos siete años, el proceso para determinar las responsabilidades por la tragedia del Colegio Rébsamen ha sido largo y complejo. Las sanciones emitidas por la Secretaría de la Contraloría y el Tribunal de Justicia Administrativa reflejan un esfuerzo por garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones u omisiones. Sin embargo, la larga duración de los procedimientos judiciales y administrativos ha sido objeto de críticas, ya que algunos familiares de las víctimas han señalado que la justicia ha llegado de manera tardía.

Las inhabilitaciones, que en algunos casos llegan hasta los 20 años, buscan evitar que los responsables puedan ocupar nuevamente cargos en la administración pública. No obstante, el hecho de que ocho de las sanciones aún estén en proceso de impugnación deja abierta la posibilidad de que estos procedimientos continúen extendiéndose en el tiempo.

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