Amenaza Ley de Telecomunicaciones al sistema digital, advierten especialistas

CDMX.- Al inicio de los conversatorios sobre la iniciativa presidencial de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, especialistas consideraron que la propuesta representa un retroceso normativo que amenaza el sistema digital del país.

Los analistas consideraron que esta nueva regulación concentraría el poder en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, organismo que tendrá las facultades para censurar y bloquear a medios incómodos al gobierno, además de que no se ponen controles que puedan frenar una eventual participación del crimen en el sector.

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Especialistas destacaron al inicio del primer conversatorio que se tiene que avanzar en una ley que tenga una visión Estado y no una que concluya en el control y censura.

Jorge Bravo Torres Coto, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, expuso que la iniciativa de ley no sólo representa un retroceso normativo, sino que amenaza a todo el sistema digital del país.

El experto en la materia advirtió que habría una concentración del poder en la nueva agencia que reúne funciones regulatorias y técnicas a una sola persona.

“No podemos dejar en que una sola autoridad decida sobre el futuro de las telecomunicaciones”, mencionó el especialista en los conversatorios.

Torres Coto señaló que dicha agencia podría incurrir en actos de censura y bloqueo de plataformas digitales a través de simples requerimientos administrativos.

La excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones y asesora en política y regulación de telecomunicaciones, Adriana Labardini, confió en que durante la discusión en el Legislativo se privilegiará la calidad sobre la prisa a su aprobación.

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“La apuesta debe ser privilegiar la apertura y no muros digitales”, mencionó durante su intervención en el Parlamento Abierto que realizó el Senado.

Labardini externo su preocupación de si la Agencia de Trasformación Digital y Telecomunicaciones tendrá facultades para impedir que obtengan concesiones personas vinculadas al crimen organizado o al lavado de dinero.