Analiza México incorporar a dueño de armería en demanda por tráfico de armas
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La presidenta Sheinbaum aseguro que la SRE estudia si en el proceso judicial se puede sumar una prueba por flujo ilegal de armamento
El Gobierno federal analiza incorporar el caso del dueño de una armería en Arizona, acusado de tráfico de armas a cárteles mexicanos, como elemento en la demanda contra fabricantes y distribuidores en Estados Unidos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisa si este proceso judicial puede sumarse como prueba en el litigio que México mantiene por el flujo ilegal de armamento.
“Primero, qué bueno que haya, pues por primera vez realmente una acción de este tipo; segundo, está analizando la Secretaría de Relaciones Exteriores cómo incorporar esto todavía a una demanda que sigue pendiente de su resolución porque es un acto, pues muy importante en el proceso jurídico que se está llevando”, afirmó la Mandataria.
La Jefa del Ejecutivo indicó que este caso podría representar un elemento adicional en la estrategia legal del Gobierno mexicano en tribunales estadounidenses. “Estamos viendo si esto que ocurrió es una prueba o un dato adicional que pueda ser utilizado en la demanda que se tiene”, dijo.
La Presidenta sostuvo que su Administración mantiene acciones para frenar tanto el tráfico de drogas como el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México.
Hace dos semanas el Departamento de Justicia de EU dio a conocer la primera acusación criminal en la historia contra un comerciante de armas en Arizona señalado de conspirar para traficar armamento hacia integrantes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación, en una investigación que incluye la venta de rifles y pistolas a compradores vinculados con estas organizaciones.
Al revelar la acusación, el Departamento de Justicia hizo públicos los cargos de apoyo material al terrorismo en contra de Laurence Gray, propietario de “Grips by Larry”, una armería ubicada a menos de 15 minutos del cruce fronterizo que une a Naco, Arizona, con Naco, Sonora.
De acuerdo con la acusación, el vendedor habría facilitado operaciones mediante intermediarios para ocultar el destino final del armamento, lo que derivó en cargos por tráfico ilegal de armas y apoyo a organizaciones criminales en un proceso que, por primera vez, busca sancionar a un vendedor por su presunta colaboración directa con cárteles mexicanos.
