ASF investiga contratos por 8 mil 870 mdp ligados a dos grupos empresariales
La auditoría detectó posibles empresas fantasma, factureras, subcontrataciones irregulares y vínculos con funcionarios públicos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga una red de operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos entre dos grupos empresariales y distintas instituciones públicas, realizadas entre 2014 y 2026. Del monto total, 3 mil 790.3 millones corresponden a contratos con Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
Los hallazgos fueron presentados por el auditor superior, Aureliano Hernández, durante la Segunda Entrega de la Cuenta Pública 2025 a la Cámara de Diputados, como parte de una investigación de oficio relacionada con presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Entre las anomalías identificadas destacan operaciones por 21.3 millones de pesos con proveedores vinculados a empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por presuntas relaciones con factureras. También se detectó que una de las compañías investigadas está suspendida del padrón de importadores.
La revisión permitió identificar posibles mecanismos de simulación comercial entre sociedades de los mismos grupos empresariales. En algunos casos, las compañías que obtenían contratos subcontrataban a otras empresas que habían participado en los mismos procedimientos de licitación.
Otro elemento que llamó la atención de los auditores fue la reducida capacidad operativa de algunos proveedores. Pese a registrar facturaciones de cientos de millones de pesos, varias empresas cuentan con menos de cinco trabajadores y algunas carecen de personal registrado.
La ASF también indaga posibles acuerdos entre compañías para manipular precios y condiciones en los procesos de contratación, así como presuntos vínculos entre integrantes de ambos grupos empresariales y servidores públicos.
Hernández aseguró que las investigaciones buscan reconstruir el origen de estas operaciones y determinar si existieron mecanismos de corrupción que afectaron los recursos destinados a las instituciones electorales.
El auditor sostuvo que las pesquisas se realizarán con independencia, objetividad y rigor técnico, además de garantizar el debido proceso. Añadió que, una vez acreditadas las irregularidades, se promoverán las acciones legales correspondientes, sin importar el cargo de los posibles responsables o la institución involucrada.
INE ofrece colaboración ante auditorías
En medio de los cuestionamientos por la gestión de Guadalupe Taddei, la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, aseguró que el organismo facilitará las revisiones de la ASF y del Órgano Interno de Control (OIC) sobre el ejercicio de los recursos públicos.
En un mensaje dirigido al personal del instituto y difundido a través de redes sociales, señaló que las auditorías deberán esclarecer los hechos y, en su caso, establecer responsabilidades mediante los procedimientos legales, sin anticipar conclusiones ni vulnerar los derechos de las personas involucradas.
Cruz García también llamó a mantener la estabilidad institucional durante el proceso de transición y aseguró que las actividades del organismo continuarán con normalidad, respaldadas por el trabajo de sus oficinas centrales, juntas locales y distritales, así como de los módulos de atención ciudadana.
Indicó que las decisiones del Consejo General deberán sustentarse en el diálogo, la deliberación y la responsabilidad compartida, mientras que la prioridad operativa será avanzar en la organización del proceso electoral concurrente 2026-2027.
Finalmente, pidió mantener una comunicación clara y oportuna con los trabajadores para atender sus inquietudes y garantizar la continuidad de las labores institucionales.
Entre las anomalías identificadas destacan operaciones por 21.3 millones de pesos con proveedores vinculados a empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por presuntas relaciones con factureras. También se detectó que una de las compañías investigadas está suspendida del padrón de importadores.
La revisión permitió identificar posibles mecanismos de simulación comercial entre sociedades de los mismos grupos empresariales. En algunos casos, las compañías que obtenían contratos subcontrataban a otras empresas que habían participado en los mismos procedimientos de licitación.
Otro elemento que llamó la atención de los auditores fue la reducida capacidad operativa de algunos proveedores. Pese a registrar facturaciones de cientos de millones de pesos, varias empresas cuentan con menos de cinco trabajadores y algunas carecen de personal registrado.
La ASF también indaga posibles acuerdos entre compañías para manipular precios y condiciones en los procesos de contratación, así como presuntos vínculos entre integrantes de ambos grupos empresariales y servidores públicos.
Hernández aseguró que las investigaciones buscan reconstruir el origen de estas operaciones y determinar si existieron mecanismos de corrupción que afectaron los recursos destinados a las instituciones electorales.
El auditor sostuvo que las pesquisas se realizarán con independencia, objetividad y rigor técnico, además de garantizar el debido proceso. Añadió que, una vez acreditadas las irregularidades, se promoverán las acciones legales correspondientes, sin importar el cargo de los posibles responsables o la institución involucrada.
INE ofrece colaboración ante auditorías
En medio de los cuestionamientos por la gestión de Guadalupe Taddei, la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, aseguró que el organismo facilitará las revisiones de la ASF y del Órgano Interno de Control (OIC) sobre el ejercicio de los recursos públicos.
En un mensaje dirigido al personal del instituto y difundido a través de redes sociales, señaló que las auditorías deberán esclarecer los hechos y, en su caso, establecer responsabilidades mediante los procedimientos legales, sin anticipar conclusiones ni vulnerar los derechos de las personas involucradas.
Cruz García también llamó a mantener la estabilidad institucional durante el proceso de transición y aseguró que las actividades del organismo continuarán con normalidad, respaldadas por el trabajo de sus oficinas centrales, juntas locales y distritales, así como de los módulos de atención ciudadana.
Indicó que las decisiones del Consejo General deberán sustentarse en el diálogo, la deliberación y la responsabilidad compartida, mientras que la prioridad operativa será avanzar en la organización del proceso electoral concurrente 2026-2027.
Finalmente, pidió mantener una comunicación clara y oportuna con los trabajadores para atender sus inquietudes y garantizar la continuidad de las labores institucionales.
