Aurelio Nuño defiende a Peña Nieto... ‘No tenía facultad para asignar contratos’

En medio de las nuevas revelaciones sobre presuntos sobornos a Enrique Peña Nieto, exmandatario de México entre 2012 y 2018, Aurelio Nuño, exjefe de la Oficina de la Presidencia y figura cercana al expresidente, aseguró que las acusaciones no tienen fundamento.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Nuño sostuvo que el presidente de la República no tiene facultades legales para asignar contratos públicos, por lo que negó rotundamente que Peña Nieto pudiera haber ordenado o facilitado adjudicaciones directas a empresas.

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“PEÑA NIETO NUNCA DIO ÓRDENES PARA ASIGNAR CONTRATOS”: NUÑO

Nuño fue claro al señalar que, durante el tiempo que trabajó en el gobierno federal, jamás presenció que Peña Nieto instruyera beneficiar a una empresa en particular.

“No está en las facultades del presidente de la República asignar contratos, eso es un hecho contundente, absoluto. Lo que yo nunca vi fue a un presidente diciendo ‘asignen este contrato para acá’”, afirmó.

De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, los procesos de contratación del gobierno federal corresponden a dependencias específicas y se realizan mediante procedimientos licitatorios regulados. Esta estructura, sostiene Nuño, impide que el presidente intervenga directamente en las decisiones sobre contratos públicos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA ACUSACIÓN?

El medio israelí The Marker reportó recientemente que empresarios israelíes, Avishai Neriah y Uri Ansbacher, habrían pagado un soborno de 25 millones de dólares a un expresidente mexicano, identificado con la inicial “N”, en el marco de un proceso legal que se desarrolla en Israel.

Aunque el nombre fue reservado, en los archivos se hace alusión explícita a fechas y cargos que coinciden con el mandato de Peña Nieto, lo que encendió las alarmas.

Según una fuente cercana al caso, el dinero podría haber sido destinado a la campaña presidencial de 2012, aunque no existe evidencia clara que lo confirme.

LA RESPUESTA DE PEÑA NIETO

En su cuenta de X (antes Twitter), Peña Nieto negó categóricamente las acusaciones:

“Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno”.

También cuestionó el trasfondo del reportaje, dejando entrever que podría tratarse de una filtración con fines políticos o personales, sin bases jurídicas sólidas.

EL VÍNCULO CON PEGASUS

Uno de los nombres clave en la investigación es Uri Ansbacher, señalado por tener vínculos con NSO Group, la empresa desarrolladora del software espía Pegasus.

Este malware fue utilizado en México para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores durante el sexenio de Peña Nieto. Entre los números intervenidos se encuentran los de:

Carmen Aristegui, periodista crítica del gobierno.

Cecilio Pineda Brito, reportero asesinado en 2017.

Aunque no se ha probado que Peña Nieto estuviera directamente involucrado en el uso de Pegasus, el tema ha sido recurrente en los cuestionamientos hacia su administración.

DATOS CURIOSOS Y RELEVANTES

25 millones de dólares fue el presunto monto del soborno que involucra a Peña Nieto.

En el caso judicial israelí, el expresidente mexicano es identificado como “N”, pero las fechas y contexto apuntan directamente a él.

Aurelio Nuño fue uno de los colaboradores más cercanos de Peña Nieto y también secretario de Educación Pública.

Pegasus fue utilizado para intervenir más de 15,000 teléfonos en México.

Ningún presidente mexicano tiene facultad legal para adjudicar contratos, según la Ley de Adquisiciones del Sector Público.

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El escándalo por el presunto soborno a Enrique Peña Nieto ha reactivado la discusión sobre corrupción en las altas esferas del poder en México. Sin embargo, tanto el expresidente como su círculo cercano, incluyendo Aurelio Nuño, han desestimado las acusaciones y negado cualquier irregularidad.

Aunque el proceso legal se lleva a cabo en Israel, sus implicaciones cruzan fronteras y vuelven a colocar al expresidente en el centro del debate público. Mientras tanto, las declaraciones de defensa contrastan con la expectativa ciudadana de mayor transparencia y rendición de cuentas en el país.